Ciertamente el riesgo somete a las personas y las organizaciones a tomar decisiones y con sentido común, corresponde reducir el riesgo de forma razonable. Cuando se trata de un país, el balance de los riesgos es mucho más complejo que simplemente una ecuación matemática de suma cero.
La crisis fiscal se acentúa en una carga tributaria baja y un Estado que ha sido poco diligente en cobrar y reducir las exoneraciones fiscales por una lado y se ha anquilosado en controles burocráticos que lo hacen cada vez más inútil.
La solución vendría en un balance de esfuerzos en materia de gasto y además por vía de los nuevos ingresos, pero lo más importante de cara a la ciudadanía es la efectividad en el cumplimiento de lo público y la entrega efectiva de bienes y servicios públicos oportunos y de calidad.
El Estado debe continuar jugando un papel crucial en materia social, de seguridad, de infraestructura y, sobre todo, en el desarrollo del campo educativo y de la ciencia y tecnología.
Reducir el tamaño del Estado no es la solución al faltante fiscal, tampoco lo es cobrar más impuestos sin resolver la incapacidad e inutilidad pública.
El déficit fiscal es un serio riesgo para el desarrollo. De la misma manera es igual, o más importante, el déficit social y la necesidad de apuntalar el crecimiento económico y favorecer el empleo.
Priorizar lo primero sin atender lo segundo nos pondría en riesgos estructurales y sociales mayores. Es por eso que se requiere mucho sentido común, menos ideología y mucha capacidad de negociar y de pensar en el país, más allá del gobierno de turno o del que viene.