Concordamos que los 15 años de la Ley de Protección al Trabajador deben celebrarse, ya que introduce un sistema multipilar de protección para la invalidez, vejez, muerte e indigencia. Fue un acierto crear un régimen de pensión obligatorio y otro voluntario que complemente el IVM, que administra la Caja, pues permite mejorar el ingreso al retirarse. Sin embargo, los retos para atender una población envejecida, trascienden el análisis de los sistemas del primer pilar.
Discrepamos en la profundidad de los cambios. Se requiere discusión para llegar a consensos sobre temas como los siguientes: a) prolongar la vida activa de los trabajadores con edades entre 55 y 62 años, b) crear incentivos agresivos por la postergación del retiro, c) establecer medidas de contención del gasto de las pensiones del I pilar, ampliando la base de cálculo del derecho, a todos o la mayoría de salarios percibidos, d) exonerar la cotización para la pensión después de la edad de retiro, e) reducir progresivamente los horarios de trabajo de las personas prontas a retirarse, f) crear incentivos para las empresas que contraten adultos en edad cercana a la pensión, g) conmutar rentas de pensión, con prestaciones asistenciales en hospitales o comunidades del adulto mayor.
En relación con el régimen complementario, se deben crear incentivos fiscales, aumentar el ahorro voluntario y aclarar la situación fiscal del régimen obligatorio; también revisar el costo que tiene la recaudación del Sicere.
Lo importante es trazar una ruta nacional a seguir, pues ella será la herramienta más importante para mejorar los sistemas de pensiones modernos como el nuestro.