Para los tomadores de decisión contar con información que le permita conocer una realidad cada vez más compleja es de vital importancia.
Afortunadamente el país ha venido avanzando en la construcción de un sistema de indicadores que permitan una mejor definición y ejecución de políticas públicas. La iniciativa del INEC para desagregar el IPC según estratos de ingreso permite conocer la situación de los sectores más vulnerables, y el impacto que la inflación tiene sobre los hogares más pobres.
Las respuestas institucionales a los problemas que revelan estas mediciones deben incluir al menos dos ámbitos: es imprescindible valorar esquemas diferenciados en temas de fijación salarial; sin embargo, hay consideraciones adicionales que deben hacerse, pues una revalorización de los salarios puede representar un aumento exponencial en el costo total de las planillas, sobre todo si se quieren preservar las escalas salariales que reconocen niveles de formación y experiencia distintos.
El actual Gobierno varió la fórmula de cálculo de los aumentos salariales en el sector privado para incluir, además del IPC un porcentaje del crecimiento de PIB en el año anterior. Esta nueva fórmula servirá para atenuar el impacto de las alzas en los sectores más vulnerables.
El otro ámbito en el que debe actuarse es el de invertir aún más recursos para seguir generando indicadores en diferentes ámbitos. Un conocimiento más ajustado de la realidad permite elevar la efectividad de las políticas públicas, tema fundamental no solo para asegurar que haya un manejo racional de los recursos, sino además para contar elementos que permitan evaluar el impacto de esas políticas.