Los déficits primario y financiero abultados son el resultado de no haber actuado a tiempo. En la última década se pasó de un superávit, en el 2007-2008, a un déficit por encima del 4% del PIB en los últimos cinco años.
En esos años se crearon fuertes obligaciones de gasto sin nuevos ingresos para financiarlos. Esto se ha convertido en una mala práctica que acrecienta el problema.
Este gobierno decidió enfrentar el deterioro fiscal proponiendo un plan integral que incluye acciones en las áreas de ingresos y contención del gasto.
Las propuestas de proyectos de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando, así como para modernizar la legislación tributaria y mejorar la eficiencia del uso de los recursos en la caja única están sobre la mesa, a la espera de su pronta aprobación en la Asamblea Legislativa. Sumado a lo anterior, se han reducido gastos en los que existe una relativa flexibilidad.
Por ejemplo, a abril del 2015 el Gobierno Central redujo en 15% el pago de horas extra, en comparación con abril 2014, los viáticos se redujeron un 6%, el transporte hacia el exterior un 7%, los servicios jurídicos un 18% y los servicios de ciencias económicas un 23%.
Estos esfuerzos demuestran nuestro compromiso de gobernar con austeridad, pero resultan insuficientes para reducir el déficit fiscal, que viene acumulándose por crecientes gastos en educación y en especial por un mayor endeudamiento, con consecuentes pagos mayores de amortización e intereses.
Se necesita una modernización tributaria, tal como se viene haciendo en toda América Latina.
No entender esto es tapar el sol con dedo.