Ordenar las finanzas públicas es una tarea impostergable que tendrá que acometer la siguiente administración.
El diagnóstico del Ministerio de Hacienda (MIHAC) en su documento llamado “ En ruta hacia la consolidación fiscal” es clarísimo.
El déficit fiscal de los últimos seis años se explica principalmente por una política expansiva de gasto corriente, básicamente remuneraciones y transferencias, incluyendo pensiones con cargo al presupuesto.
Según el MIHAC, “al 2018, tomando en cuenta el mandato constitucional de incrementar el gasto en educación al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y supuestos relativamente optimistas sobre las tasas de interés, se proyecta un déficit de 7,3% del PIB, y un aumento de la deuda pública a 51% del PIB”. En el 2008, la deuda fue equivalente al 25% del PIB.
Aun ante este escenario conservador, las propuestas de la mayoría de los candidatos presidenciales, se quedan muy cortas.
De ahí que la realidad obligará al nuevo presidente a hacer muchísimo más de lo que ha propuesto en campaña para corregir el déficit, y evitar que se recrudezcan sus impactos desestabilizadores sobre la economía.
“Revisar todas las asignaciones de ingreso con destinos específicos y gastos por mandato constitucional y legal, de forma que estos sean consistentes con las prioridades y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la Hacienda Pública”, como sugiere el MIHAC en el documento ya citado es el punto de partida lógico hacia la solución de la problemática fiscal del país.
Y eso lo comprenden los candidatos con mayor intención de voto.