La Administración Solís Rivera sí tiene una ruta fiscal clara, lo que se expresa tanto en el mensaje como en las acciones que estamos tomando.
El plazo de los dos años al que no referimos es para la entrada en vigencia de los ajustes en las tasas de impuestos, lo que no impide que en ese tiempo se presenten proyectos para su discusión en la Asamblea Legislativa. Por esa razón, en diciembre enviaremos el proyecto para pasar del impuesto general sobre las ventas al IVA.
El aumento salarial, hecho con base en el acuerdo del Gobierno con el sector sindical de agosto del 2007, no ha afectado la tasa de crecimiento de las remuneraciones, que al mes de agosto crecen menos que en la misma fecha del 2013.
De igual manera, los recursos para las universidades se enmarcan en el porcentaje constitucional que se asigna a educación, un compromiso ineludible. No constituyen un monto aparte del porcentaje referido.
El déficit de 6,7% del PIB en el proyecto de presupuesto es un reflejo de la combinación del esfuerzo entre ser austeros y la asignación de gasto por obligaciones legales y constitucionales, esa es la realidad que hemos construido a lo largo del tiempo y el costo de no haber realizado los balances fiscales en los últimos 15 años. Cambiar eso de forma significativa implica modificar los acuerdos que como sociedad hemos alcanzado a lo largo de los años.
Mientras esto sucede, estamos comprometidos con una gestión ajustada a la realidad fiscal que vivimos, movida en dos sentidos: una lucha frontal contra la evasión y el desarrollo de una estrategia para mejorar el cobro de los impuestos, y un manejo cuidadoso del gasto público, que implicará un menor déficit para el 2014.