La fragmentación es la principal característica de las remuneraciones públicas, las cuales en su mayoría se encuentran fuera del régimen del Servicio Civil. Lo anterior es producto de muchos años de aplicación laxa de beneficios.
Corresponde ahora, con firmeza y gradualidad, iniciar el camino hacia esquemas de eficiencia en un contexto de equilibrio financiero, equidad, austeridad y respeto a los derechos adquiridos.
El Gobierno ya inició el camino. Ha denunciado las convenciones colectivas, con logros palpables. Asimismo, presentó una iniciativa de ley para poner tope a las pensiones de lujo, y apoya otras para frenar salarios desproporcionados. Por su parte, las negociaciones de incremento salarial de los tres últimos semestres han seguido criterios de austeridad, con aumentos de 1,14%, 0,94% y O,08%, acordes con la inflación. Además, a través de la Directriz 23-H, los jerarcas deben valorar la razonabilidad de los contratos de dedicación exclusiva. Junto a estas medidas, se trabaja en un proyecto de ley para transformar las anualidades en un régimen de evaluación de la excelencia en el desempeño.
En virtud de que muchos cambios requieren reformas legales, el Poder Ejecutivo exhortó la creación de una comisión legislativa mixta, con el fin de concertar soluciones viables, tanto desde el punto de vista técnico como político. La decisión final sobre su constitución corresponde a la Asamblea Legislativa.
La hora del cambio nos ha alcanzado. Es evidente que el empleo público no puede continuar gestionándose con los criterios utilizados hasta ahora. El Gobierno ya ha dado los primeros pasos, pero la ruta es larga y se necesitarán muchos aliados durante el recorrido.