Condenados a la pobreza

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Desde hace varios años, en Costa Rica, se habla de que el modelo de desarrollo costarricense se ha agotado y que ya no sirve para generar oportunidades para las nuevas generaciones. El futuro se ve cada vez más negro, tal y como se refleja en las inaceptables cifras de pobreza, desempleo y bajo crecimiento económico.

No hay duda de que los costarricenses no podemos esperar más para romper las cadenas que nos atan a la pobreza. Pero, ¿cuál debería ser el primer paso?

Lo primero es tener claro cuál es el problema. Me parece increíble que, a estas alturas del partido, en nuestro país, unos pocos, pero muy reconocidos e influyentes, intelectuales y encargados de política, estén convencidos de que para combatir la pobreza es mejor “regalar pescado” que “enseñar a pescar”, cerrando sus ojos a la abundante evidencia empírica que demuestra que los programas asistencialistas –si no se acompañan de mecanismos que contribuyan a desarrollar capacidades y crear las oportunidades necesarias para que sus beneficiarios logren escapar de la pobreza– solamente generan dependencia y no son otra cosa que un despilfarro de recursos públicos.

El programa de transferencias monetarias condicionadas Avancemos es un claro ejemplo de un programa fracasado, que “regala pescado” en lugar de “enseñar a pescar”.

Se engañó, tanto a los beneficiarios como a los contribuyentes, con la promesa de que el “maravilloso programa” serviría para que nuestros jóvenes en condiciones de pobreza pudieran, gracias a un mayor nivel de educación, aspirar a mayores ingresos futuros y, de esa manera, escapar de esa condición. Sin embargo, la realidad, tal y como se documentó en estudios recientes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (Ideas), es que, después de regalar miles de millones de colones, no se logró un impacto significativo en la escolaridad promedio.

Veáse el documento para discusión “Avancemos: ¿inversión o despilfarro?” y la presentación “Cerremos AVANCEMOS”, disponibles en www.ideaslat.org.

Ante esta realidad, es difícil comprender por qué, como parte de la nueva estrategia de combate a la pobreza de la administración Solís Rivera, llamada “Puente al Desarrollo”, no se anunció el cierre del programa Avancemos y de todos los otros programas que “regalan pescado” y que no han servido para sacar a los ticos de la pobreza. Al mismo tiempo, el “Puente al Desarrollo” omitió incluir programas necesarios para mejorar las oportunidades de quienes menos tienen para salir adelante, como, por ejemplo, un programa que combata la desnutrición de las madres embarazadas y de los niños durante los primeros 1.000 días de vida del niño, contados a partir del primer día del embarazo.

Estudios científicos rigurosos han demostrado que la desnutrición infantil, durante esos primeros días de vida, limita el desarrollo del cerebro e incrementa las probabilidades de fracaso en los estudios y, por lo tanto, de exclusión estudiantil. ¿Cómo se puede justificar, entonces, esa omisión?

Ancla legal

Esta triste filosofía de “regalar pescado” que, hasta la fecha, ha servido como guía y fuente de inspiración para la política social costarricense, cuenta con un asidero constitucional, el famoso artículo 50 de nuestra Constitución Política, el cual, en su primer párrafo, dice: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza...”.

Ese artículo constitucional abrió las puertas para que naciera, creciera y alcanzara proporciones exageradas e insostenibles nuestro Estado de Bienestar, el cual –aunque fracasó en combatir la pobreza– nos ha conducido a la quiebra de las finanzas públicas.

El supuesto de que los encargados de políticas públicas y políticas sociales se desprenden de sus intereses personales para defender algo que se pueda considerar “bien común” y que procuran “el más adecuado reparto de la riqueza”, no se cumple en la realidad.

Abundan los programas y esquemas de subsidios injustos que sirven para “quitarle a los pobres y darle a los ricos”. Para mencionar solamente unos pocos: i) pensiones de privilegio, ii) convenciones colectivas abusivas, iii) bonos de vivienda para la clase media, iv) impuesto inflacionario y el v) subsidio al arroz.

En síntesis, un gran primer paso, sería aprobar una enmienda a la Constitución Política para eliminar esas líneas del artículo 50 que nos mantienen encadenados a la pobreza y que promueven un modelo de desarrollo que tiene como objetivo “combatir la desigualdad de resultados” (algo que es imposible de alcanzar), en lugar de “combatir la desigualdad de oportunidades” y diseñar mecanismos inteligentes que permitan a nuestros compatriotas escapar de la pobreza.