Anabel González, ministra de Comercio Exterior, es una profesional competente, nadie lo duda.
Sin embargo, en su desempeño en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y como negociadora de Tratados de Libre Comercio (TLC), ha mostrado insensibilidad hacia los problemas de los sectores más vulnerables de los países en vías de desarrollo, como las familias que viven de la agricultura campesina.
En el TLC con Estados Unidos (EE. UU.) privilegió su ideología particular a favor de la apertura comercial sin buscar un equilibrio para los sectores que resultan perdedores en esos procesos.
Promovió la inclusión de temas muy sensibles que incluso habían sido rechazados por el Presidente de la República, como la apertura en servicios públicos de telecomunicaciones y seguros, incluido el seguro social de riesgos del trabajo.
También respaldó que se le impusieran al país obligaciones para determinar decisiones que solo deberían ser competencia del Estado costarricense por tratarse de bienes y servicios públicos esenciales.
Así se usó el TLC para limitar la capacidad soberana del Estado de legislar sobre estos temas.
Fue tal la obsesión de la ministra Anabel González y su equipo con estos temas, que incluso pusieron en peligro la aprobación definitiva del tratado.
En mi criterio, ella representará muy bien a los poderosos inversionistas y las naciones que se benefician con la apertura comercial absoluta, pero sufrirán las mayorías que están excluidas de estos negocios, en especial las familias campesinas del Tercer Mundo, que no tienen cabida entre sus prioridades.