Los costarricenses estamos más conectados mediante dispositivos móviles, como celulares inteligentes y tabletas.
Esta es una excelente oportunidad para que la industria de tecnologías de información y comunicación desarrolle productos, servicios y contenido para las necesidades de los consumidores. También obliga a los operadores a ofrecer servicios de calidad accesibles y asequibles.
Usuarios, industria y operadores estamos en sincronía, conectados y conscientes de las exigencias de la sociedad de información y conocimiento. ¿Pero, lo está el Gobierno?
Parece que esta no es una prioridad de la Rectoría de Telecomunicaciones. De otra manera, la normativa evolucionaría más rápido.
Es necesario que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones se emita antes de que finalice la prórroga, para procurar una política pública clara que brinde mayor seguridad jurídica.
Pero aún no se hace la consulta pública y quedan pocos meses para que venza el plan.
Además, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias establece la política pública de espectro radioeléctrico, pero en marzo se sacaron dos consultas para hacer modificaciones y aún no se publican.
Finalmente, la Estrategia Nacional de Banda Ancha publicada hace algunos años creó una comisión cuyos avances desconocemos.
Desde la perspectiva social, el cierre de la brecha digital es lento y limita el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de emprendedores.
Para estar realmente conectados, la Rectoría de Telecomunicaciones debe ejercer su papel con prontitud y las políticas públicas deben promover una adecuada conectividad.