El pasado 5 de diciembre, en el marco de la entrega del premio al Empresario del Año organizado por El Financiero , dicho periódico publicó un artículo recogiendo las principales conclusiones indicadas por Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica.
En su exposición, López indicó una serie de requisitos que el país debe emprender para mejorar su clima de negocios y crecimiento, llamando a la conciencia sobre la necesidad de solucionar el déficit fiscal y reducir la burocracia: “El ajuste fiscal habrá que hacerlo ahora o más tarde y cuanto más esperemos, va a ser mucho más complicado y doloroso”, afirmó.
Justamente, en el marco de un congreso en Argentina, la semana anterior conversé con buenos amigos sobre la situación política y macroeconómica de su país.
Están pasando por un proceso doloroso de transición económica, pero conscientes, o al menos esperanzados, de su temporalidad y que de haberlo postergado, hubiese sido mucho peor.
En cuanto a las buenas noticias, el Ministerio de Justicia de Argentina está trabajando en un programa para modificar la forma y contenidos en la enseñanza del Derecho.
Esto resulta lógico, pues una vez que la economía mejore, tendrán un país vecino históricamente rival, quien ha crecido significativamente y ha realizado gigantes avances legislativos respecto de una serie de temas para ellos desfasados: derecho de la libre competencia, derecho económico, mercado de valores, procesos concursales (quiebras y reorganizaciones), investigación industrial y tecnológica, entre otros.
Por estos motivos, s i Argentina quiere competir con Chile y con su otro gran rival, Brasil, tendrá que ajustar sus mallas curriculares a fin de preparar profesionales competentes. En síntesis, se pretende adoptar el sistema estadounidense y cambiar los históricos cinco años de universidad, por dos o tres de estudios fuertes sobre ciertas materias fundamentales y filosóficas (Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho Económico, etc.) y 1 año de especialización en la materia que el estudiante escoja (laboral, civil, comercial, penal, derecho informático, competencia, valores, etc.).
En cuanto al contenido, en Argentina al igual que Costa Rica, se sigue estudiando la materia civil (propiedad, obligaciones, quiebras, contratos, problemas de familia, sucesiones, etc.) con base en el Código Civil de Napoleón de 1804 , y la materia comercial (títulos valores, compraventa de establecimientos mercantiles, sociedades mercantiles, etc.) con un código de comercio que para el caso de Costa Rica, data de 1964 y que aún mantiene vigente normas del Código de Comercio de 1853; como si en algo nos pareciéramos o tuviéramos los mismos problemas que la sociedad existente dos siglos atrás, o incluso dos décadas atrás.
Cuando nos preguntamos sobre problemas más concretos: banca y seguros, mercado de valores, arbitrajes, fusiones y adquisiciones, marcas y patentes, energía, telecomunicaciones, consumidor y competencia, etcétera, estos se encuentran totalmente ausentes de la malla de estudio de los abogados en Costa Rica y ni qué decir de problemas más concretos como derecho informático, ciberseguridad, o robótica, por citar algunos.
Otro aspecto importante que se debe revisar es el Derecho Constitucional e Internacional, finalmente, la ley suprema del país. Argentina y Costa Rica tienen constituciones políticas sumamente extensas, las cuales establecen una gran cantidad de normas preceptivas, es decir de acatamiento obligatorio con deberes muy específicos y rígidos para el Estado.
El problema de esto es que cuando el contexto socioeconómico no permite satisfacer estas obligaciones, como por ejemplo, por falta de recursos, los jueces no tienen más remedio que ordenar la aplicación de la norma sino ellos mismos estarían incumpliendo su deber, por lo que el Estado empieza a endeudarse y se generan problemas de déficit fiscal que ya todos conocemos.
Por esta razón, lejos de adoptarse la tradición latinoamericana y en alguna medida europea, de redactar constituciones de más de 300 artículos, se debe iniciar una discusión política constructiva entre la gran diversidad actual de pensamientos políticos y redactar una carta fundamental, con los consensos fundamentales y generales del Estado, que se puedan ir interpretando en cada realidad social por un sistema judicial independiente y especializado.
Asimismo, es claro que los grandes problemas actuales distan de una realidad social de hace más de seis décadas, donde el estado, la Iglesia, la educación, el Derecho y la familia, dictaban todos más o menos el mismo discurso y donde no había grandes cuestionamientos y, por supuesto, la globalización y la era informática eran cosas del futuro.
Por estos motivos, independientemente de la fecha de inicio del reajuste económico que debamos iniciar en Costa Rica, y creyendo en la posibilidad de construir un mejor país, el Derecho debe hacer también su aporte social y mejorar la calidad del sistema jurídico costarricense, que empiece por una armonización y reorganización lógica del sistema legal.
Asimismo, debemos dejar atrás la noción de estudiar el Derecho como normas aisladas del contexto social y como “ente” autónomo, para en su lugar, involucrar otras áreas de especialización tales como la Economía, Sociología, Administración, Informática, etcétera. La buena noticia es que el país cuenta con profesionales competentes para iniciar el cambio, tanto con nuevas generaciones que han ido a estudiar al extranjero, como con profesionales de amplia trayectoria que se han especializado en nichos relevantes de la economía, dispuestos a colaborar.
Con esto, quiero hacer un llamado a la conciencia de las autoridades responsables, iniciando por los decanos de las facultades de Derecho, estudiantes, profesores y abogados, Conesup, autoridades del Poder Judicial, del Colegio de Abogados y Abogadas, Ministerio de Justicia y Paz, y diputados, entre otros actores, para que revisemos nuestra cuota de responsabilidad sobre los hechos hasta ahora acaecidos y se inicie una discusión urgente sobre las reformas legales que debemos emprender para modernizar y profesionalizar el sistema legal costarricense.
Una vez más, cuanto más tiempo dejemos pasar, mayor será el costo en términos económicos y sociales.