A propósito de la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales del año anterior, en la que entre otros temas relacionados entre sí destaca el relativo al matrimonio igualitario, uno de los candidatos presidenciales que pasó a la segunda ronda aseguró ante los medios de comunicación que si este fallo tuviera que implementarse obligatoriamente en nuestro derecho interno, él estaría dispuesto a retirar a nuestro país de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), en caso de quedar electo.
Vale la pena en este momento reflexionar sobre este tipo de actitudes ante el derecho internacional y valorar sus eventuales consecuencias.
Grosso modo, el derecho internacional regula la interacción entre países. Las relaciones internacionales se estabilizan gracias a la existencia de un cuerpo normativo sumamente amplio de reglas fundadas en el consentimiento de los Estados a través de los tratados internacionales.
Vivimos en un mundo globalizado en donde gracias a la tecnología se han reducido dramáticamente los costos del transporte y de la interconectividad y, a la vez, como sociedad internacional tratamos de mitigar grandes riesgos comunes. Nuestra interacción internacional como país es multidimensional y compleja.
Si bien es cierto que el derecho internacional tiene claras imperfecciones (como carecer de un legislador centralizado y tener débiles mecanismos de cumplimiento), la comunidad internacional se funda en él para sostener una convivencia más o menos pacífica, estable y civilizada.
Un país que emita señales en contrario se expone no solo a la crítica internacional, sino a ser clasificado como de mayor riesgo por docenas de entidades que evalúan este tipo de decisiones para efectos de dar señales a los mercados y a otros actores relevantes del quehacer global.
Es decir, inversionistas, financistas, ONGs que vigilan la tutela de los Derechos Humanos, ambientalistas, etc., nos están mirando. Si Costa Rica renuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos complicaría el panorama de sus relaciones internacionales.
En la estructura piramidal kelseniana la Constitución Política ocupa la cúspide más alta a nivel del derecho interno y, por encima de dicha Carta Magna, se encuentran los convenios internacionales de Derechos Humanos, tal y como lo ha estipulado nuestra Sala Constitucional; de manera tal que resultaría muy riesgoso para el país que un candidato anuncie con ligereza que está dispuesto a asumir las consecuencias económicas y sociales de una decisión de dicha envergadura.
Y, si bien es cierto todo país es soberano para decidir si permanece o no adscrito a un tratado internacional, hoy día no podemos aislarnos.
Está por encima de todo la conveniencia y los beneficios que se derivan de las relaciones entre países y con organismos internacionales e inversionistas, los que con toda razón buscan un clima de seguridad jurídica en la tutela de sus intereses frente a eventuales discrepancias jurídicas, siendo lo lógico que prefieran evitarse dificultades y no relacionarse con un país que no posea un panorama jurídico de confianza por estar fuera de un Convenio Internacional como el Pacto de San José, que constituye uno de los tres sistemas de Derechos Humanos más importantes del planeta junto con el europeo y el africano.
Viabilidad internacional
Para un país como Costa Rica, muy pequeño, inmerso en una zona convulsa, vulnerable, pero que aspira a su plena realización colectiva como nación, el rol del derecho internacional nunca puede ser menospreciado.
Nuestra viabilidad como país depende en gran medida de las garantías que nos brinda el derecho internacional, ya que somos un Estado sin ejército; democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos; líder global en temas de protección al medio ambiente; con la necesidad de defender a menudo su integridad territorial por incursiones ilegales del vecino; somos un país que siempre ha dependido pesadamente del comercio internacional y de la inversión extranjera; que lidera con éxito causas globales muy nobles como el desarme nuclear; que necesita sostener relaciones de financiamiento con la banca internacional de desarrollo; y que es tomador de tasas de interés basadas en el riesgo/país ponderado por agencias de calificación de riesgo en función de la estabilidad de las políticas nacionales y el respeto a los compromisos internacionales.
Y esto tiene muchas otras dimensiones: laboral, cultural, deportiva, de cooperación funcional, etcétera.
Entendamos en toda su dimensión lo que estamos comentando. Todas esas aspiraciones y necesidades nacionales se dificultan sin el Derecho Internacional, sus normas sustantivas y sus mecanismos jurisdiccionales, que son parte integrante de nuestro sistema jurídico.
Tenemos una larga tradición de respeto a la normativa internacional y participamos como país muy activamente en los foros de discusión, negociación y litigio. En un mundo de tanta interdependencia, esa necesidad de contar con el Derecho Internacional representa, no la mejor, sino la única oportunidad de viabilizar a Costa Rica desde el punto de vista político, geográfico, económico y ambiental.
Existe en derecho internacional —y específicamente en el derecho internacional de los Derechos Humanos— un margen de apreciación para que los gobiernos interpreten y apliquen las normas internacionales a nivel interno; pero ello no implica el derecho a rechazar ad portas su aplicación.
Aquí cabe apuntar un elemento esencial de este debate. Hay muchas reglamentaciones internacionales que son dispositivas, es decir, como país podemos tomarlas o no en pleno ejercicio de nuestra soberanía y en función de la legitimidad que las mismas tengan en nuestra sociedad. Como, por ejemplo, podemos suscribir o no un tratado de libre comercio con Corea del Norte o con Tanzania si quisiéramos; pero en materia de Derechos Humanos la situación cambia porque su legitimidad no proviene del consenso electoral o del apoyo que puedan darle una mayoría en un país en un momento dado.
Si fuera así viviríamos en una dictadura de las mayorías. Su verdadera legitimidad proviene de un concepto fundamental de respeto a la dignidad humana y a las minorías.
Los Derechos Humanos han pasado por un proceso complejo de descubrimiento paulatino. El Estado no los concede, sino que los reconoce.
Mal haríamos en Costa Rica en rechazar este proceso y mandar señales negativas al mundo como un país de intolerancia y de irrespeto al marco normativo internacional. Las ramificaciones de ello pueden ser serias y negativas.