En la reunión del Foro Económico Mundial de este año en Davos, Suiza, los participantes no cuestionaron los componentes fundamentales del crecimiento de la economía global de hoy: mercados libres, buena gobernancia e inversión en capital humano e infraestructura.
Pero sí criticaron la manera injusta en que se están distribuyendo los beneficios del crecimiento.
Y con razón: sin una respuesta política fuerte destinada a edificar un modelo de crecimiento más inclusivo, el creciente populismo y nacionalismo económico perjudicarán el funcionamiento de los mercados y la estabilidad macroeconómica general —interrumpiendo posiblemente la actual recuperación global—.
Prácticamente todas las políticas económicas tienen un impacto tanto en la renta global como en su distribución.
Algunas reformas —como las que promueven la imparcialidad y la eficiencia de las instituciones legales— son buenas para el crecimiento y la equidad (en este caso, la igualdad de oportunidades).
Los resultados de incidencia para la desregulación de los mercados de productos y laborales son más dispares, tal vez como consecuencia de las limitaciones de datos y las circunstancias específicas de cada reforma.
Por el contrario, cuando se trata de desregulación financiera y de la liberalización de los flujos de capital internacionales, existen claras compensaciones entre la equidad y la eficiencia: impulsan el crecimiento, pero también tienden a hacer crecer la desigualdad.
La evidencia apunta en una dirección similar para algunas medidas destinadas a liberalizar las transacciones de cuenta corriente (comercio de bienes y servicios).
El ganador se lo lleva todo
Estas evidencias no deberían sorprender a nadie: es bien sabido que el cambio tecnológico acelerado y la globalización han contribuido inmensamente a la creación de una economía donde el ganador se lo lleva todo, en la que quienes cuentan con la ventaja de ser los primeros en mover la ficha acumulan una porción desproporcionada de los beneficios del crecimiento.
La tarea de los responsables de las políticas es garantizar que los desventajados también tengan oportunidades de éxito en la economía moderna. Para ello deben diseñar todas las reformas y otras medidas con un ojo puesto en sus efectos distributivos.
De lo contrario, las reformas procrecimiento perderán legitimidad política, permitiendo que las fuerzas nacionalistas, nativistas y proteccionistas destructivas sigan cobrando impulso y, así, minando el crecimiento de mediano y más largo plazo.
La clave para el éxito será tomar medidas preventivas, en lugar de concentrarse exclusivamente (o inclusive principalmente) en medidas paliativas. Esto implica diseñar paquetes de políticas coherentes que internalicen los efectos distributivos de las políticas que mejoran la oferta, y que apunten a crear un mejor equilibrio entre ganadores y perdedores como consecuencia de estas políticas.
En nuestro trabajo para el Consejo Mundial Futuro sobre Progreso Económico del Foro Económico Mundial, hemos generado una lista de acciones concretas que promoverían una agenda de este tipo.
La primera área crítica de interés es la capacitación profesional, la mejora de las competencias y todo lo que concierne al desplazamiento laboral.
La globalización y la llamada Cuarta Revolución Industrial han aumentado el ritmo del cambio en los mercados laborales, haciendo primar la adaptabilidad. Las políticas públicas tienen un papel que desempeñar no sólo en cuanto a ayudar a los trabajadores en la transición, mediante una ayuda económica, sino también a crear incentivos y oportunidades para la adquisición de capacidades.
Con este objetivo, los gobiernos deberían fomentar la inversión en una formación permanente para recapacitarse, reequiparse y recalificarse. Por ejemplo, los gobiernos podrían utilizar cuentas de capacidades individuales mediante las cuales ofrecer préstamos de capacitación a lo largo de la vida laboral de la gente, todo esto condicionado a una mayor participación del sector privado en la capacitación y el desarrollo de competencias.
Los gobiernos también deberían reforzar la oferta de capacidades fortaleciendo los incentivos para las instituciones educativas a fin de aprovechar el poder de la tecnología digital y los nuevos modelos de negocios.
Impuestos y protección social
Una segunda área crítica son los impuestos y la protección social. Si bien las políticas específicas variarían según los contratos sociales nacionales, nuestro trabajo sugiere que la redistribución -a menos que sea extrema- no implica pérdidas de eficiencia importantes.
Es más, la mayor igualdad que trae aparejada sirve para hacer que el crecimiento económico sea más sustentable, por ejemplo reduciendo las debilidades sistémicas que pueden derivar en deterioros pronunciados.
En lo que concierne a los impuestos, es esencial salvaguardar la legitimidad política del modelo de crecimiento garantizando que el sistema no esté distorsionado en favor de los ricos.
Más allá de una mayor tributación de las rentas y el patrimonio, los responsables de las políticas deberían llevar adelante esfuerzos cooperativos para frenar la evasión de los impuestos corporativos, las evasiones impositivas y el uso de beneficios fiscales.
Las transferencias fiscales también deberían estar mejor orientadas, a fin de proteger a los grupos más vulnerables. De la misma manera —y esta es la tercera prioridad de reforma crítica— hace falta una acción más agresiva para regular los mercados financieros, especialmente para impedir el tráfico de información privilegiada y el lavado de dinero, y para cerrar los centros financieros ilegales.
También se necesitan regulaciones y medidas transfronterizas para garantizar que quienes asumen riesgos corran con un costo correctamente alto por imprudencia.
En términos más generales, los países necesitan hacer uso de las herramientas a su disposición para gestionar los flujos de capital transfronterizos, con el objetivo de mitigar el riesgo de crisis financieras y sus costos fiscales asociados.
La cuarta y última prioridad es un esfuerzo más concertado para asegurar una competencia justa y evitar el capitalismo clientelista.
Garantizar un campo de juego nacional nivelado y un orden internacional basado en reglas exige políticas de competencia efectivas y el cumplimiento de reglas de comercio justo.
Ya sea en la industria, en los servicios o en los medios, las acciones antimonopolio para evitar la captura de instituciones o industrias —por parte de los poderosos o del Estado— son vitales para respaldar la inclusión.
La reacción violenta contra la globalización —y, en algunos casos, contra el propio capitalismo— exige políticas económicas que no sólo se ocupen de los efectos distributivos problemáticos, sino también de prevenirlos.
Esto requerirá de un cambio fundamental de mentalidad, en el que empresas y gobiernos por igual reconozcan, finalmente, que el crecimiento sólo puede ser sostenible si sus beneficios son compartidos por muchos.
La decisión de colocar a la desigualdad en el centro de la discusión en Davos este año fue un progreso alentador. Pero todavía falta desarrollar soluciones reales.
A pesar de las expresiones de angustia sobre las crecientes disparidades económicas al interior de muchos países, las políticas para resolverlas siguen siendo inadecuadas.
Esto debe cambiar si queremos que continúe la actual recuperación económica —motivo de tanto alivio y esperanza en todo el mundo—.
Sergei Guriev es economista jefe en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.
Danny Leipziger, profesor de Negocios Internacionales en la Universidad George Washington y director general de Diálogo para el Crecimiento, fue vicepresidente del Banco Mundial y se desempeñó como vicepresidente de la Comisión Spence sobre Crecimiento y Desarrollo.
Jonathan D. Ostry es vicedirector del Departamento de Investigación del FMI.© Project Syndicate 1995–2018