Entre 2004 y 2009 El Financiero dedicó más de siete artículos periodísticos a informar como yo, como subgerente de un banco del Estado, y por primera vez en la historia del país, había sido denunciado penalmente por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Hoy, se me da la oportunidad –esta vez con la razón de mi lado– de contar la verdad de los hechos y hacer justicia reivindicando mi nombre ante el país y sus lectores. Es una historia digna de los personajes del mundo real-maravilloso del Macondo de Gabriel García Márquez, pero una historia verídica de cómo opera el Estado costarricense.
Era diciembre de 1998 cuando el Gobierno de turno había tomado la decisión –una vez más– de no cerrar el Bancrédito, a pesar de que los indicadores de Sugef señalaban la necesidad de intervenirlo. Se me pidió –en vista de mis atestados académicos, trayectoria y honorabilidad– rescatarlo financiera y comercialmente desde la posición de subgerente general.
Nuestro objetivo y mandato fundamental fue relanzarlo como empresa y lograr que compitiera en el mercado financiero costarricense. Debíamos modernizarlo y profesionalizarlo, utilizando todas las herramientas de negocios con las que contábamos. El tiempo apremiaba.
En ese esfuerzo llevamos a cabo miles de negocios bancarios, que lograron sacar a Bancrédito de la irregularidad que mantenían sus indicadores de Sugef y, consecuentemente, se aumentaron sus utilidades netas de manera exponencial, de ¢50 a ¢1.800 millones anuales en un periodo de cuatro años.
Como en toda gestión bancaria, se asumen riesgos y en algunos casos, se dan problemas. El 11 de setiembre del 2001 y, a raíz de los atentados terroristas que impactaron los Estados Unidos, un cliente de Bancrédito vinculado con los mercados de productos commodities estadounidenses sufrió un gran impacto en sus operaciones, por lo que pidió ajustar los términos originalmente pactados, otorgando como garantía una propiedad cuyo valor cubría en demasía la exposición de riesgo del banco. Todo lo anterior muy apegado a la reglamentación legal y bancaria vigente.
Se trataba de un negocio de comercio internacional de alta rotación financiera y requería de destrezas muy finas de seguimiento y control.
A causa del evento acaecido con el cliente, la auditoría interna realizó informes que aseveraron que el negocio realizado no fue beneficioso. Estos informes se desarrollaron con criterios muy subjetivos, limitados y no incluyeron nunca los criterios técnicos que mi equipo o yo consideramos al estructurar el negocio.
La auditoría interna nunca tuvo la humildad o la iniciativa de preguntar para entender el negocio y lo sucedido. Los informes, que nacieron de errores y posiciones limitadas, fueron tomados como verdad absoluta.
Incluso, la auditoría interna cometió errores aritméticos básicos que la llevaron a interpretaciones equivocadas. Desde ahí en adelante y por 15 años, nadie revisó o cuestionó lo revelado en ellos.
Por su lado, el Sindicato de Empleados del Bancrédito, sin conocimiento técnico del tipo de operación financiera que se trataba y con el informe de auditoria errado en mano, mal informó a un diputado del Frente Amplio de esa época. La táctica buscaba vulnerar la gestión de cambio gerencial y empresarial que se estaba dando en el Banco.
Producto de lo anterior, en el siguiente periodo legislativo, se abrió un “juicio político” contra Bancrédito, en la Comisión Especial Investigadora del Sistema Financiero Costarricense (expediente 14.949) de la Asamblea Legislativa. Fui sentado en el banquillo de los acusados e interrogado en varias oportunidades por diputados de diferentes partidos.
A pesar de mis explicaciones técnicas y de negocios, los diputados de Liberación Nacional y Movimiento Libertario emitían juicios de valor y apreciaciones que denotaban ignorancia en la materia bancaria –incluso de un diputado que alardeaba haber sido presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR)–. Los diputados constante y sistemáticamente se burlaron de mis capacidades técnicas y empresariales e, incluso, en su retórica dudaron de mi honorabilidad. La ignorancia y mala fe predominaron en todo el proceso y, finalmente, se emitió un dictamen político negativo e inquisidor en mi contra, sin tener yo afinidad política alguna.
Desfilaron en el mismo proceso una veintena de testigos: funcionarios del Banco, el auditor interno, directivos del Banco, el cliente, el superintendente general de entidades financieras, funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), la presidenta del Sindicato de Empleados del Bancrédito, y muchos más. También fueron sujetas de condena las actuaciones de la auditoría interna del Banco, de la CGR y de la Sugef.
En diciembre del 2004 –y luego de una investigación que duró más de un año y luego del proceso investigativo en la Asamblea– la Sugef presentó denuncia penal en mi contra por delitos bancarios que yo no cometí. La investigación había sido llevada a cabo por los abogados de la Sugef, que poco o nada conocían de banca. Siempre fue notorio el interés de reflejar ante los diputados y la opinión pública que el ente supervisor estaba haciendo algo respecto a mi caso.
Por respeto a mi familia y a los valores que rigen mi vida, presenté mi renuncia ante Bancrédito en enero del 2005.
En junio del 2011, luego de un juicio de más de cinco semanas de duración, el Tribunal Penal de Hacienda emitió la sentencia 260-2011 en la que por certeza y unanimidad me absolvió de toda culpa y responsabilidad por los delitos denunciados por Sugef.
En julio del 2011 el Ministerio Público apeló la sentencia ante la Sala III y esta en el 2013 ordena el reenvío de mi causa en la resolución 2013-01789.
La Sala III no encontró ningún error procesal en mi contra, sino que la redacción de la primera sentencia en mi favor no le gustó a los magistrados suscribientes.
En un segundo juicio, el Ministerio Público, luego de más de 13 años de investigación y acusación, y habiendo casado mi primera sentencia, pidió mi absolutoria en virtud de que no pudo comprobar que yo hubiera cometido delito alguno. Léase bien, luego de 13 años de buscar mi condena el Ministerio Público simplemente señala en sus conclusiones que no pudo comprobar que yo cometiera delito alguno. ¿Suena irracional, no?
En noviembre del 2016 el Tribunal Penal de Hacienda emite su resolución 400-2016 en donde nuevamente por certeza y unanimidad me absuelven de toda culpa y responsabilidad de los delitos denunciados por Sugef.
Luego de más de 15 años de sufrimiento propio y el de mi familia, miles de dólares de gastos y tiempo invertido en mi defensa, incluso de haber sido expulsado tácitamente del sector bancario, se hace justicia para mí.
Trece años de mi vida profesional han sido cercenados a causa de la irracionalidad del Estado costarricense y de la desidia y pereza de funcionarios públicos que nunca asumieron sus responsabilidades ni con el sentido común con el que deben de actuar.
Miedo e ignorancia
En mi caso, la Sugef sucumbió a las presiones políticas del qué dirán. No fueron lo suficientemente valientes o humildes para aceptar que un banquero joven sabía más que ellos y, en lugar de aprender de la situación para mejorar, prefirieron cuidar sus puestos de burócratas y, sencillamente se “lavaron las manos” y le “tiraron la pelota” al Ministerio Público que qué podía conocer del tema.
Como decía Carl Gustav Jung: “Pensar es difícil, por eso es que la mayoría de la gente prefiere juzgar”.
Irracionalidad del Estado
En estos días en que se nos recuerda a diario el problema fiscal que vive nuestro país, de la necesidad de modificar el modelo de país que somos, les traigo un ejemplo de la irracionalidad del sistema: el Estado me contrata para salvar un banco suyo, el Estado me juzga políticamente por medio de sus diputados, el Estado por medio de la Sugef me investiga y acusa ante el Poder Judicial, el Estado me investiga y eleva caso a juicio, el Estado me juzga y absuelve en primera instancia, el Estado a través del Ministerio Público apela la sentencia, el Estado revoca mi absolutoria (Sala III), el Estado me defiende (Defensa Pública), el Estado me vuelve a juzgar y me vuelve a absolver.
¿Cuántos recursos públicos creen ustedes que este proceso nos costó a todos los costarricenses, para reconfirmar mi inocencia?
Yo estimo que no menos de ¢100 millones entre gastos y salarios y unas dos toneladas en papel.
¿Será que algo anda mal o será que vivimos en Macondo?