Recientemente, se han dado dos pasos importantes con el propósito de comenzar a poner orden en las finanzas del Gobierno Central. Primero, el conjunto de medidas tomadas en noviembre de 2018. Segundo, se han incluido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional una serie de disposiciones tributarias. Ambos representan un avance en el proceso del ordenamiento de las finanzas públicas, elemento clave para mantener la estabilidad macroeconómica, la cual, a la vez, es una condición necesaria para el crecimiento económico del país.
Ahora bien, aun cuando se cumplan a cabalidad los compromisos contraídos, mantener el equilibrio fiscal continuará gravitando fuertemente como uno de los temas prioritarios de la situación económica del país en los años venideros. El esfuerzo mencionado es un comienzo importante, sin duda, pero sólo es eso, un comienzo. Lejos está el país de haber completado la tarea de equilibrar las finanzas públicas. Esto se debe a dos motivos. De una parte, a la necesidad ineludible de introducir cambios significativos en la estructura del sistema tributario. De otra, a la urgencia de allegar fondos adicionales a las arcas del gobierno central. En efecto, para proseguir el proceso de la ampliación y profundización de la democracia liberal, base fundamental del pacto social nacional, quedan aún por cumplir determinados compromisos de mucha trascendencia para la ciudadanía en general. Entre ellos deben mencionarse las siguientes:
Traspasar el costo de la seguridad social, hoy a cargo, principalmente, de los trabajadores y los empresarios, al gobierno central, es decir, al presupuesto nacional. Se reduciría de esta manera, el problema de la informalidad y se mejoraría la competitividad de las empresas.
Unificar el sistema nacional de pensiones para encarar el problema demográfico ocasionado por el envejecimiento de la población. Se trata así de asegurar a todos los adultos mayores un ingreso adecuado mediante el establecimiento de una pensión minina vital tal como lo ha sugerido, en días recientes, Rocío Aguilar, Superintendente de Pensiones.
Ampliar la red de cuido infantil y generalizar la enseñanza pre escolar. Entre otras ventajas esto facilitaría a las mujeres incorporarse a la fuerza laboral.
Asegurar el financiamiento anual del programa nacional de innovación (investigación y desarrollo) hasta alcanzar al menos el 2% del Producto Interno Bruto. Lo anterior con el propósito de impulsar el aumento de la productividad de la economía nacional.
Hacer frente al cambio climático lleva implícita la necesidad de aumentar los impuestos a ciertas actividades y disminuirlos a otras. Debe tomarse en cuenta el efecto en la reducción de los ingresos como consecuencia de un menor consumo de combustibles contaminantes.
Adoptar las nuevas disposiciones tributarias en el ámbito internacional relacionados con el impuesto sobre la renta de las principales empresas transnacionales. Depende de cuales sean, específicamente, las disposiciones acordadas, quizás será necesario modificar el tratamiento tributario del cual disfrutan, en la actualidad, las empresas ubicadas en las zonas francas.
Llevar adelante una reforma tributaria de la naturaleza y magnitud como la planteada en párrafos anteriores exige una clara decisión política y un alto grado de capacidad técnica. Durante al menos las dos próximas administraciones, el tema de la reforma del sistema tributario será una tarea prioritaria. Se necesita mantener la visión fija en el objetivo de largo plazo (pasar de un país de renta media a uno de renta alta y llegar a ser parte del grupo de los 25 países más avanzados de la OCDE). Avanzar con firmeza, pero paso a paso con prudencia. Ahora bien, a pesar de la buena voluntad y del empeño puesto, los obstáculos serán muchos y los retos numerosos. Las dificultades son bien conocidas. Las presiones por aumentar el gasto público serán permanentes y las fluctuaciones de la recaudación de los ingresos tributarios serán cuestión de todos los días. Como es sabido, la discusión acerca de los impuestos siempre genera tensiones sociales.
Desde el punto de vista político, a lo largo del camino, aflorarán divergencias de parte de diversos grupos como las cámaras empresariales, las agrupaciones laborales, los colegios profesionales, los partidos políticos, las organizaciones cívicas no gubernamentales. Todos ellos saldrán, una y otra vez, a defender sus intereses y sus ideas. Y, sin embargo, si se desea echar adelante la carreta del progreso nacional, debe hacerse frente al comportamiento de los grupos sociales. Remar contra viento y marea con la mano firme en el timón será una tarea permanente. De hecho, la historia enseña fehacientemente como para poder hacer una omelette es necesario siempre quebrar algunos huevos.
Para finalizar, dos preocupaciones, ambas válidas, deben mencionarse. La primera consiste en evitar un aumento excesivo de la relación entre los ingresos tributarios y el PIB. Si esto llegara a suceder la oposición política – social haría inviable la reforma tributaria. Dos hechos ayudarían a disminuir la presión al alza de esta relación: la tasa de crecimiento de la economía y el aumento de la productividad del sector público. La segunda preocupación se refiere al efecto de la reforma del sistema tributario sobre la distribución del PIB. De nuevo, si las políticas públicas no logran atender debidamente este problema, la reforma tributaria no podría llevarse a buen puerto. Al respecto el punto esencial requiere orientar la política económica de manera tal que el llamado coeficiente de Gini resulte inferior después de la reforma tributaria al existente antes de su adopción. Para ello es necesario llevar a cabo dos ajustes. Uno de ellos se refiere a determinar la incidencia real de la reforma (Pigou, 1920), es decir, determinar quién en definitiva paga los impuestos. El otro consiste en calcular el efecto del gasto público en la distribución del ingreso. Lo anterior confirma las dificultades político-sociales de una reforma tributaria tal como se ha indicado.