En relación con el editorial de El Financiero, Arroz y Vientos de Cambio, me permito hacer unas aclaraciones importantes que ayudarán a entender a los lectores la realidad sobre el precio del grano y la situación de los productores.
En dicha publicación se señala, entre otras cosas, que la regulación del precio del arroz ha permitido a un pequeño grupo de industrializadores de este cereal, de obtener “inmensas ganancias a costas de los consumidores”.
Esta afirmación es temeraria, calumniosa e implica todo lo contrario. Desde su implementación, el modelo de fijación del precio del arroz, inherente en la ley de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), quien sugiere al MEIC con base en estudios técnicos y éste a su vez es el que emite el decreto, ha buscado garantizar el abastecimiento del grano con un porcentaje producido en nuestro país y así evitar una dependencia total del abastecimiento y vaivenes de los precios en los mercados internacionales. De esta forma, se consigue un mix para brindar seguridad alimentaria, precio justo y empleo en zonas rurales deprimidas.
Para los consumidores en general pero principalmente a los que pertenecen a los deciles más bajos de la sociedad, el modelo regulado les permite conseguir precios estables, justos y un producto de excelente calidad.
Para dar un ejemplo, el índice del precio del arroz, entre junio de 2015 y julio del 2020 bajó un 2%, mientras que el Índice de Precios del Consumidor (IPC), tuvo un aumento de alrededor de un 6% en ese mismo período.
El arroz es el único producto de la canasta básica alimentaria que tuvo un comportamiento hacia la baja en los últimos diez años.
Esto significa que efectivamente, la regulación de precios del arroz permitió que disminuyera el costo de este producto para todos los costarricenses, pero en especial para los más pobres.
Por otro lado, un modelo de fijación de precios permite proteger a los consumidores de los vaivenes de precio en el mercado internacional.
En un contexto de mercado liberado, el productor nacional en el corto, mediano plazo, desaparecería del contexto económico productivo del país, dando paso a un abastecimiento cien por ciento basado en importaciones.
Así, el país quedaría en una posición delicada al depender exclusivamente de mercados foráneos para dar de comer arroz a la población. La FAO recomienda activar las agriculturas internas de granos básicos de los países, para no caer en esta dependencia total, que acarrearía consecuencias catastróficas, al desmantelarse los aparatos productivos.
Si el mercado mundial altamente subsidiado, tiene el precio bajo, los importadores podrían comprar suficiente arroz para abastecer al país, quebrando a los productores locales y a la agroindustria arrocera.
En la actualidad este sector fomenta más de 33.000 empleos directos e indirectos que se desarrollan en los cantones rurales más desfavorecidos, hablamos de cantones costeros y limítrofes, alejados de la gran área metropolitana.
Estamos hablando de miles de familias que se quedarían sin su sustento diario, y cuya condición deprimiría más la condición de esas zonas desfavorecidas, agravando la tasa de desempleo.
Pero cuando el precio suba, como en efecto ha estado ocurriendo recientemente en otros mercados, como el suramericano y asiático, el aumento lo asumirían directamente los consumidores, quienes ya no tendrían la posibilidad de acudir a los productores locales para buscar mejores precios.
Si a esto le sumamos que los productores locales abastecen cerca del 38%, se pondría en riesgo la seguridad alimentaria con precios más altos y posible escasez del grano en la mesa de los costarricenses.
Importante señalar en este apartado el esfuerzo que realiza el país para garantizarle al costarricense un grano de alta calidad, lo cual puede ser verificado a través de del laboratorio de control de calidad certificado que posee Conarroz. Este arroz también pasa por un proceso de fortificación y vitaminado que satisface las necesidades nutricionales de las familias costarricenses, logrando un enorme aporte para la salud pública, por contribuir a la reducción de muchas enfermedades.
Aunado a lo anterior, se debe indicar que se está haciendo los esfuerzos necesarios para la transferencia tecnológica y manejo agronómico apropiado, que permita una mayor productividad de las fincas en las cinco zonas arroceras del país, de modo que pueda lograrse un porcentaje idóneo de abastecimiento local y así depender de una forma equilibrada de importaciones.
Ante esta explicación, es de suma importancia que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) corrija la información errónea sobre la cual se basó el estudio publicado sobre el arroz en el que critica el modelo de precio regulado. Es adecuado que este organismo rectifique y concluya que el esquema de la regulación del precio del arroz ha sido beneficioso para el consumidor.
En una nota enviada por Conarroz a esta organización, se le aclaró que la información utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mezcla en la encuesta de ingresos y gastos, el gasto de categorías de arroz regulados con el gasto de categorías no reguladas.
Esto generó una conclusión equivocada basada en un incremento del gasto general para los deciles más pobres de la sociedad, pero que si se desagrega, más bien el gasto en el arroz regulado se redujo de un 5.3% en el 2013 a un 4.6% para el 2018.
Mientras tanto, en la categoría no regulada (arroces especiales), se incrementó del 4% al 9%.
Es muy importante que los comisionados de la Comisión para Promover la Competencia analicen todos estos aspectos, y tomen en cuenta que una liberación del precio del arroz le haría un enorme daño al país, no solo a los productores y agroindustriales, sino a miles de familias que dependen de la producción arrocera y los 5 millones de consumidores que requieren de este producto básico para su alimentación.