El reducido tamaño de la economía costarricense nos ha obligado a mantener abiertas nuestras fronteras, conquistar mercados más grandes e integrarnos comercialmente al mundo. Esa ha sido siempre la historia de nuestro país, desde que dio sus primeros pasos exportando sacos de café, hasta su profundización en las últimas décadas como consecuencia de la globalización y del extraordinario desarrollo de las telecomunicaciones y de los medios de transporte. La necesidad y conveniencia de esa integración con el mundo es hoy incuestionable, como ha quedado demostrado aún en épocas tan difíciles como sucedió durante la reciente pandemia de la covid-19 y los terribles efectos de ella; la crisis de contenedores que le siguió y más tarde la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias. Ha sido la robustez de nuestro comercio exterior la que evitó que la economía nacional colapsara y que rápidamente pudiéramos retomar el rumbo.
Lo cierto, sin embargo, es que la apertura comercial, indispensable para que esa integración tenga lugar, ha sido asimétrica entre los sectores productivos. Mientras el sector industrial dio inicio a un proceso sostenido de desgravación arancelaria que lo hizo enfrentar desde hace muchos años una agresiva competencia que lo preparó y fortaleció, el sector agrícola lo ha hecho de una manera mucho más lenta y pausada, incluso con subsectores todavía muy protegidos con medidas arancelarias y no arancelarias que han provocado un rezago en su modernización. Ese es el caso de los lácteos, aunque no es el único. Desde la obligación de solicitar licencias de importación en su momento, hasta una “arancelización” que, pese a su mayor transparencia, arrojó tasas impositivas exageradas para los productos importados, pasando por una exclusión en la mayoría de los acuerdos comerciales suscritos. No fue sino hasta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los EE. UU. (DR-CAFTA) que se acordó que el sector llegará a enfrentar una verdadera competencia y, aún así, el plazo para alcanzar el comercio libre para algunos de esos productos, como lo es la leche fluida, no se vence sino hasta el año 2025.
Estos antecedentes deben traerse a colación ante el desabastecimiento de mantequilla y otros derivados lácteos que está sufriendo el país desde hace varias semanas. Los representantes del sector lácteo atribuyen la escasez de esos productos a la falta de suficiente leche fluida, necesaria para obtener la grasa requerida en la elaboración de aquellos. A su vez, se culpa al aumento significativo de los precios de los insumos en los mercados internacionales (fertilizantes, maíz, soya, etc.), lo cual afectó el precio de los alimentos concentrados para el ganado, así como a factores climatológicos, todo lo cual ha repercutido negativamente en la producción de leche local. Todo eso es cierto, pero también lo es que el principal proveedor nacional ha puesto un mayor énfasis en aquellos productos de mayor rentabilidad, lo cual no sería para nada reprochable, si al mismo tiempo se permitiera la libre importación de los otros productos lácteos. Y es aquí donde debemos enfocarnos ahora.
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No es justificable que, ante las dificultades para que la producción nacional satisfaga la demanda de productos requeridos por los consumidores, el país no sea capaz de suplirlos con productos importados de una manera expedita, como sucedería en cualquier economía de mercado. Llevamos ya varias semanas enfrentando este problema y la respuesta de los productores locales es que los consumidores deben esperar con paciencia y resignación a que las cosas lleguen en algún momento a normalizarse. De hecho, no es sino hasta ahora que se considera la posibilidad de invocar la llamada “cláusula de desabasto centroamericana”, para reducir temporalmente el arancel de importación aplicable y facilitar la importación de los productos que escasean. En todo caso, si el decreto de desabasto llegara a concretarse, será válido también preguntarse cuáles y cuántos agentes económicos podrán hacer uso de dicha cláusula, para asegurar que la diferencia de precio entre el producto importado y los precios nacionales llegue, como debería ser, a beneficiar a los consumidores y no se quede en manos de unos cuantos importadores. Un problema adicional que complica aún más la situación es que son pocas las plantas extranjeras autorizadas para vender productos lácteos en Costa Rica —una consecuencia más del régimen de restricciones no arancelarias imperantes en el sector— y, por ende, la oferta es por esa razón limitada.
Las circunstancias son propicias para acelerar el proceso de desgravación y permitir que, de manera permanente, cualquier interesado pueda suplir las necesidades de los consumidores sin necesidad de enfrentar el pago de aranceles exagerados y trabas innecesarias.