La pugna con algunas municipalidades con respecto al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones ha provocado que las operadoras de servicios móviles no puedan desplegar al 100% sus redes.
Pese a tener la capacidad tecnológica y empresarial para hacerlo; la situación provoca inseguridad jurídica y evidencia desarticulación entre las instituciones.
Es difícil de entender como el Estado no se presenta de manera organizada y homogénea cuando invita a invertir en el país, especialmente tratándose de una industria que es intensiva en inversión de capital y muy sensible ante situaciones de incertidumbre como la apuntada.
Sobre la actuación de algunos gobiernos locales, recordemos que la ley general de telecomunicaciones (art 76) declara como una “actividad de interés público” el despliegue de redes. Pese a esta declaratoria, algunas municipalidades la han desconocido amparándose en el “principio de autonomía municipal”.
Las telecomunicaciones fueron concebidas en nuestro ordenamiento como una actividad que trasciende el ámbito local o cantonal. En esa línea, la propia Sala IV aclaró que el Estado se comprometió, a la luz del Derecho Internacional Público (concretamente en el DR-CAFTA), a contar con una infraestructura robusta, sólida y normalizada.
Consecuentemente, las municipalidades no pueden establecer regulaciones y requisitos asimétricos que impidan el desarrollo de una infraestructura uniforme.
No podemos ignorar que la inversión en este sector es clave para cultivarnos y competir en un mundo globalizado en pro de la competividad y el desarrollo de las naciones.