Costa Rica requiere mucho más que los viajes presidenciales al exterior para superar los obstáculos a la competitividad, promover la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED), revertir su caída y colocarla en los niveles que permitan combatir un desempleo del 10%, y alcanzar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos.
Promover al país como destino de potenciales inversiones es positivo pero insuficiente. En un mundo globalizado y altamente competitivo, es aún más importante contar con un clima de negocios óptimo y confiable, producto de políticas públicas certeras y de un régimen de derecho actualizado y transparente.
La confianza en la competitividad y la seguridad jurídica de un país, como lo he reiterado en infinidad de ocasiones, son condiciones sine qua non para incentivar la entrada de capitales. Pero hoy ese panorama es contrario a lo deseado. Así lo reflejan el desplome acumulado del Índice de Confianza Empresarial y la severa caída en los niveles de la IED, según los respectivos informes de la encuesta Pulso Económico de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a mayo de 2015.
Entre el 2013 y el 2014, Costa Rica fue el único país de la región que sufrió una disminución en la IED, de 21%, lo cual afectó negativamente el resultado global del istmo en 2%. Ese porcentaje también superó el índice promedio de disminución de toda la región de América Latina y el Caribe, de 16,4%.
Con excepción de la nuestra, las economías del Istmo experimentarán, en el último año, mejorías sustanciales en la entrada de los flujos de capitales, con expectativas positivas a futuro, según la Cepal. El Informe “La inversión extranjera directa en América y el Caribe 2015” reporta aumentos de la IED, en 2014, en El Salvador (53%), Guatemala (8%), Honduras (8%), Nicaragua (3%) y Panamá (1%).
Además, la relación de la IED con el Producto Interno Bruto (PIB) coloca a Panamá, Nicaragua y Honduras por encima de Costa Rica. Como ejemplo, mientras que el vecino del sur llega a niveles que sobrepasan el 10% del PIB (el más alto de la América Latina y el Caribe), nuestras inversiones apenas superan el 4% de la producción.
Así, Panamá sigue liderando la IED en la subregión con 45% del total, seguido por 20% de Costa Rica, Guatemala con 13%, Honduras 11%, Nicaragua 8% y El Salvador 3%.
No cabe duda de que nos enfrentamos a una cerrada e intensa carrera por obtener una porción mayor del pastel de la IED destinada a Centroamérica.
La Encuesta Trimestral de Negocios de la Uccaep arroja más luces. Solo un 25% de las compañías instaladas en el país planea contratar nuevos empleados en el 2015, cuando en octubre ese porcentaje era de 34%. Adicionalmente, el 51% de los empresarios descarta hacer inversiones en instalaciones o equipo en el mediano plazo.
El Índice de Confianza Empresarial se colocó en 5,98 puntos de un máximo de 10 en el segundo trimestre, posición similar a las mediciones inmediatas anteriores. Desde la óptica de los empresarios radicados en nuestro territorio, los constantes aumentos en los precios de la electricidad y las carencias en infraestructura siguen encabezando las causas que restan competitividad a sus negocios.
Los conflictos comerciales de empresas de capital extranjero que tienen a Costa Rica demandada por más de $500 millones, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), también preocupan.
Muchos de esos casos están directamente relacionados con las actividades económicas más dinámicas y atractivas para la IED regional.
Tarea impostergable
Según el informe de la Cepal, gran parte de las inversiones del periodo estudiado fueron direccionadas hacia minería, bienes raíces y el Canal de Panamá. Menciona además la posible edificación de otro canal interoceánico en Nicaragua, los servicios financieros, tecnológicos, turísticos y médicos. Esos sectores también han sido objeto de demandas por aparentes inseguridades jurídicas.
La minería, por ejemplo, canalizó cuantiosas inversiones en 2014 hacia Nicaragua, Guatemala y Panamá. En este último país, un proyecto para extraer cobre le permitirá inyectar a la economía capitales por $1.600 millones, al finalizar el contrato.
Costa Rica, por el contrario, cerró sus puertas a la industria del petróleo y la minería. La suspensión de un proyecto extracción de oro a cielo abierto en Crucitas, motivó a Infinito Gold plantear una demanda en su contra por $100 millones. Rhohe Investments/Cervin Investments presentó otra denuncia por $30 millones contra la postergación del plan para producir gas licuado.
No obstante su sensibilidad ambientalista, el país no cuenta con políticas al respecto que hayan sido plasmadas en algún documento oficial, según la Cepal. Esto, para algunos inversionistas, son más señales de inseguridad jurídica.
Otra denuncia contra el país proviene de la empresa Spence International Investments , afectada, junto con otros empresarios, por la expropiación de lotes en el Parque Marino Ballena en Santa Cruz. La queja incluye, además, el impedimento a desarrollar un complejo de casas de lujo en terrenos titulados a su nombre. A esta demanda le precede otra similar, cuyo fallo en 2012 fue desfavorable para el país.
El sector farmacéutico ha sido igualmente golpeado por inseguridades jurídicas. Un fallo de la Sala Constitucional y la ausencia de regulaciones durante diez años prácticamente hicieron desaparecer el sector dedicado a la investigación médica clínica en seres humanos, del cual Costa Rica fue otrora líder en América Latina.
Los sectores de energía y telecomunicaciones son de los más dinámicos en la atracción de la IED hacia el istmo. No obstante, cuestionables decisiones han obstaculizado en más de una ocasión su crecimiento. Otros casos: el intento fallido de gravar a las empresas de las zonas francas y la reciente legalización de las huelgas en los servicios públicos, así dispuesta en la reciente reforma del Código Procesal Laboral
Casos como estos abundan en la historia comercial de Costa Rica. De allí que modernizar nuestro estado de derecho para fortalecer la seguridad jurídica, es una tarea impostergable para quienes dirigen los destinos del país desde los diferentes poderes de la República.
Este debe ser el norte hacia el cual dirigir nuestros esfuerzos por mejorar la competitividad, recuperar la confianza del inversionista y atraer cantidades sustanciales de IED que generen nuevos y mejores empleos. Todo para hacer de Costa Rica una nación más próspera.