Los desafíos económicos que hoy enfrenta el país, agravados sin duda por la pandemia, tienen sin embargo su origen en una demostrada incapacidad para llegar a acuerdos políticos de manera oportuna. La crisis financiera del 2009 y las medidas que se tomaron para paliar sus efectos tuvo serias repercusiones en las finanzas públicas, dificultades que pretendieron ser solventadas con la reforma fiscal propuesta por la administración Chinchilla y que enfrentó el rechazo de la opinión pública y la férrea oposición legislativa de las fracciones del PAC, PUSC, Frente Amplio y Movimiento Libertario. Esta reforma que terminó finalmente encallada en la Sala Constitucional, gracias a una sentencia de dudosa inteligencia política y poca rigurosidad jurídica.
El problema fue dejado de lado por la administración Solís, la que no solo no hizo absolutamente nada para atenderlo sino que lo profundizó aún más, por la sorprendente irresponsabilidad con que las autoridades de ese gobierno manejaron la Hacienda Pública. Para las elecciones del 2018, el votante consideró que el creciente déficit fiscal no era factor relevante para su decisión y el tema apenas se tocó durante la campaña electoral. Pero, iniciada la administración Alvarado, este no podía soslayarse más y el gobierno dichosamente buscó y logró el consenso legislativo necesario para aprobar un aumento de los impuestos y una regla fiscal que contendría el crecimiento del gasto hacia futuro.
Lo cierto, sin embargo, es que tanto la fallida propuesta de la administración Chinchilla como la aprobada en el gobierno de Alvarado, se centraban más en incrementar la carga tributaria que en atender las causas de los problemas porque, al parecer, el costo político de subir impuestos es menor que el de hacer las reformas estructurales que se requieren. El segundo intento del actual gobierno, como parte del paquete a negociar con el Fondo Monetario Internacional, pretendía seguir por el mismo camino, pero se topó con una fuerte resistencia de la ciudadanía y de prácticamente todos los sectores, así como con bloqueos y brotes de violencia de un grupo minoritario pero bullicioso de revoltosos, que lo obligó a retirar la propuesta inicial e intentar armar una mesa de diálogo que le abriera espacio político a una nueva y más balanceada iniciativa.
Ese diálogo es necesario y ojalá sea fructífero. El problema es que estamos contra el tiempo y los mercados ven con suspicacia la capacidad del gobierno para lograr un acuerdo que sea viable políticamente en el Congreso, sobre todo si se considera la torpeza con que se manejó el proyecto de Presupuesto del 2021, alienando innecesariamente a la fracción legislativa mayoritaria que además ha sido su aliada más efectiva hasta ahora, así como el ambiente negativo que prevalece en Cuesta de Moras para aprobar más empréstitos si no hay muestras efectivas y palpables del control del gasto público y una demostración previa de adopción de reformas de fondo.
Ese nerviosismo de los mercados nos castiga severamente.
En los mercados financieros internacionales los bonos costarricenses han bajado recientemente 13 puntos y las agencias calificadoras de riesgo no descartan una rebaja en la calificación de la deuda del país ante un posible impago de las obligaciones.
Mientras tanto, localmente el Banco Central se ha visto en la necesidad de intervenir en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) para evitar una devaluación acelerada del colón frente al dólar y a participar en el mercado secundario de bonos de gobierno para inyectar confianza a los inversionistas. Asimismo, el jerarca del Banco Central clama por un pronto ajuste tributario y la aprobación de los préstamos con varios organismos financieros internacionales, con el fin de tranquilizar a los mercados y poder atender el servicio de la deuda y el pago de salarios y otros gastos ineludibles, sin caer en una peligrosa espiral que desate una crisis de la cual sería muy difícil recuperarnos.
Es en momentos como este que se pone nuevamente a prueba el liderazgo del presidente y su gabinete para conducir el barco a buen puerto y evitar la hecatombe.
Es cierto que todas las agrupaciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa, así como los dirigentes de los diferentes grupos sociales y sectores empresariales, juegan también un papel importante en el proceso y debe exigírseles una participación seria, informada y racional, pero en última instancia, en un sistema como el nuestro, es al Poder Ejecutivo a quien le corresponde la máxima responsabilidad política sin que esta pueda serle endosada a otros. Si se falla, serán los mercados los que, a la libre, se encargarán de hacer las correcciones necesarias y, en ese escenario, todos pagaremos un alto precio, pero, sobre todo, serán los sectores más vulnerables los que terminarían pagando el grueso de esa factura.