El gobierno ha anunciado que la próxima semana hará pública su propuesta para un convenio de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Zapote plantea que en doce días tratará de alcanzar un consenso con los diputados sobre la demanda que llevará a Washington.
El panorama no se avizora fácil, pues las diferencias en la Asamblea Legislativa persisten, entre aquellos partidarios a ultranza de la reducción del gasto, enemigos de nuevos impuestos; y quienes ven en el aumento de esto, a pesar de sus efectos recesivos, la salida de la crisis fiscal.
Ciertamente existen posiciones moderadas que apuestan por una combinación entre la reducción del gasto y el aumento de ciertos impuestos, aunque no precisan cuál es el contenido de esta mezcla.
La situación actual no es propicia para incluir en el acuerdo una reforma general del estado; reformas parciales, adecuadamente encadenadas, son las vías que luego harán viable el camino de reformas más profundas.
Para muchos este es un asunto meramente técnico, los números tienen que cerrar, a pesar que las soluciones técnicas conllevan tomas de posición y consecuencias políticas. Para los políticos el problema es a la inversa, el acuerdo toca intereses de grupos y repercutirá con fuerza sobre el apoyo que estos den a los partidos en las elecciones, los números al servicio de la política.
El llamado a suspender la actividad electoral para facilitar la negociación con el FMI y reducirla a un asunto técnico es ingenuo, la política continuara fluyendo subterráneamente por más limitaciones legales que se introduzcan; las cuales, además, presentan obstáculos de trámite legal y constitucional que enrarecerían el ambiente.
Los doce días de negociación con los diputados es probable que no produzcan un consenso robusto y menos una mayoría moderada. El gobierno tendrá que ir bastante solo a Estados Unidos, arrastrando el pesado fardo de su ínfima representación parlamentaria y la continuada erosión de su legitimidad de ejercicio.
Los acuerdos que logre el equipo gubernamental en Washington tendrán que pasar de nuevo por la criba legislativa, lo que renovará las posiciones maximalistas de los anti estado y pro estado, además de los pequeños intereses feudales de los ya parcialmente visibles precandidatos.
La ruta para obtener este necesario préstamo pasa inevitablemente por el espacio formal de la institucionalidad (Asamblea y Poder Ejecutivo). Sin embargo, el gobierno no podrá evitar la negociación con los poderes fácticos (sindicatos, cámaras empresariales), los poderes informales hacen parte del proceso político e ignorarlos lleva el riesgo de levantar las llamas de la protesta social y de la inestabilidad política, pero estos están obligados al respeto a la institucionalidad.
La generación de nuevos ingresos posiblemente implique mejorar la recaudación aumentando los impuestos, reduciendo exenciones y exoneraciones, gravámenes a los combustibles, aumento al impuesto territorial, tasas a la transacciones financieras, incremento del IVA, mayores impuestos a las pensiones, alza del impuesto de la renta a personas con mayores ingresos y a las cooperativas.
Del anterior listado podría surgir el activismo de los exonerados, de los sectores productivos que dependen de los combustibles, de los propietarios de bienes inmuebles, de los banqueros, jubilados, consumidores y cooperativistas.
En gastos, se planteará la estricta aplicación de la regla fiscal, a pesar de los conflictos legales pendientes en los tribunales. La congelación de los salarios de los funcionarios, la ley de empleo público, la reducción de gastos en el sector público, la venta de activos estatales y las transferencias a las universidades.
De este segmento del acuerdo podrían resultar movilizados empleados públicos, universitarios y hasta la cúpula de alguno de los poderes del estado (Poder Judicial).
El malestar social generado podría derivar en protesta social articulada o en protesta social difusa, pero en ambos casos las consecuencias sobre la estabilidad serían inevitables.
¿Qué hará un gobierno débil y carente de músculo político para gestionar este paisaje?, ¿Qué harán los partidos grandes, presionados entre el llamado a la responsabilidad y el escenario de una derrota electoral por colaboracionistas?
El espacio entre la colaboración y la oposición electoralista podría ser ocupado por outsiders que levantando la bandera populista mandarán a todos los partidos tradicionales, PAC incluido, a la casa; y apoyados en la pérdida de fe en la política ofrecerán una nueva aurora que no cobijara con su luz a las élites perversas que supuestamente hunden al país, entregándolo en las fauces del FMI.
Es indiscutible que el llamado al diálogo y la negociación se harán imperativos, la simple afirmación de la institucionalidad formal será insuficiente para frenar las fuerzas centrífugas.
Técnica para el análisis y las propuestas macroeconómicas, con el telón de fondo de las fuerzas políticas que se pueden movilizar para hacer viable la propuesta u oponerse a ella demagógicamente.
En el campo de los hechos el gobierno se verá enfrentado a formar una coalición pro-acuerdo, tratando de aislar a los sectores opositores más radicales de uno y otro extremo del espectro, afirmando su capacidad aglutinante como forjador de convergencias.
Para ello necesitará una narrativa de entendimientos, que evite asustar con escenarios apocalípticos que polarizan y dividen, pero señalando objetivamente los peligros que nos acechan. Empero el discurso no solo debe señalar los enemigos, sino también los amigos y las metas de futuro, más allá del llamado sin contenido a festejar el bicentenario.
El sueño costarricense es la cristalización de doscientos años de progreso y la promesa de otros siglos de prosperidad y justicia social, para lo que debemos superar el bache fiscal, la pandemia y la depresión de nuestra economía.
Fiscalismo por fiscalismo, división derivada de la polarización estimulada por el discurso de la confrontación entre lo privado y lo público, endeudamiento sin reactivación, nos llevarán a sumirnos más profundamente en las crisis que vivimos.
El gobierno y el Presidente están obligados a asumir el liderazgo, señalar un camino y dejar de tratar de quedar bien con todos. Parte de ello es lograr un buen acuerdo con el FMI y persuadir a los diputados y a la sociedad civil que este es el camino para reiniciar con fuerza nuestro desarrollo.