La posición en torno a la fijación del precio del arroz de la economista Viviana Blanco, recientemente nombrada comisionada de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), brinda una esperanza de cambio en dos sentidos. Primero, desde el punto de vista institucional, en lograr una independencia técnica de la Coprocom, en relación con la posición política que diferentes gobiernos han mantenido en materia de proteccionismo. Segundo, en el abordaje del desmantelamiento de privilegios de grupos de presión de productores que limitan la competencia, hoy en el caso específico del arroz, pero que puede ser extendido a futuro a otros productos de consumo masivo.
En el continente americano, las leyes antimonopolio se inician en los Estados Unidos en 1890, mediante la Ley Sherman, y en 1914 con la Ley Clayton, las cuales declaran ilegal y castigan las restricciones al comercio y las prácticas anticompetitivas. Sin embargo, en los países de América Latina, de amplia tradición proteccionista, las leyes para impulsar la competencia empiezan a surgir en los años 80 del siglo pasado, pues con la apertura de las economías al comercio internacional luego de la crisis de la deuda, la mayoría de los países empezaron a aprobar leyes para promover la competencia y crearon organismos públicos especializados en la defensa de la competencia en los mercados.
Hoy, prácticamente todos los países de América Latina cuentan con leyes modernas para la promoción de la competencia basadas en las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, esta institucionalidad se ha visto limitada por las presiones políticas de los gobiernos de turno y Costa Rica no ha sido la excepción.
En el caso del arroz, la regulación existente en el país le impide a un comercializador vender por debajo del precio fijado, independientemente de los costos del productor o del costo de importación cuando se permite comprar arroz a precios internacionales amparados a los contingentes arancelarios. Ello le ha permitido a un pequeño grupo de industrializadores de este producto obtener inmensas ganancias a costas de los consumidores.
La situación descrita se vuelve más compleja si se toma en cuenta que estas transferencias de riqueza hacia los grandes productores golpean más fuertemente a los consumidores más pobres, quienes proporcionalmente a su ingreso gastan más dinero en el consumo de arroz y otros productos de primera necesidad. No en vano, contrario a lo indicado por los grupos de presión enriquecidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha demostrado que la política proteccionista sobre los productos de la canasta básica en Costa Rica es uno de los causantes de la pobreza y las limitaciones a la competencia por parte del Estado es uno de los elementos que explican por qué el país es caro cuando se compara con otras jurisdicciones del continente.
En palabras de la comisionada Blanco, la regulación que fija un precio de venta mínimo para el arroz, único producto de la canasta básica que es regulado, impide que los consumidores se beneficien de menores precios, de mejores calidades y variedades del producto. Además, limita la competencia entre los industriales y los importadores de arroz, asegurando una ganancia a los industriales y comercializadores en detrimento de los productores, ha desmejorado la eficiencia productiva y ha llevado a la desaparición paulatina de los pequeños productores. Por último, los beneficios de importar arroz bajo contingentes a tarifas menores se han quedado en las manos de industrializadores y comercializados que están integrados verticalmente, lo cual potencia la colusión entre los oferentes del producto.
Por ello, es que resultan refrescantes los vientos de cambio de la Coprocom, mediante el fortaleciendo de su institucionalidad técnica y desmarcándose de las posiciones políticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y del ministro de turno. Para ello, la Coprocom posee el andamiaje legal en la Ley 9.736 para impugnar decretos y normas que restringen la competencia y desprotegen al consumidor, de cualquier arreglo legal o ilegal que favorezca la colusión entre los productores, en detrimento de los consumidores y de la productividad de las empresas, la cual debe ser la guía para promover la innovación en el sector y la disminución de costos.
Enhorabuena que la Comisión ha conformado un equipo de trabajo para analizar las alternativas jurídicas y económicas sobre la fijación en el precio del arroz, con el fin de impugnar el decreto de fijación de precio, favorecer la competencia entre productores nacionales e internacionales y devolver a los consumidores el derecho a gozar de productos de mejor calidad y a menores precios.