La importancia del turismo para la economía nacional y el bienestar de los costarricenses es innegable. En el año 2019, recibimos más de tres millones de visitantes, que representó un crecimiento del 4,1% con respecto al año anterior y un ingreso de alrededor de $4.000 millones, esto es, poco menos del 50% de nuestras exportaciones de servicios y el 20% de nuestras exportaciones totales. Ese mismo año el sector dio empleo a 170.000 personas, casi un 7% del total de la fuerza laboral (21% si tomamos en consideración los empleos indirectos) y su impacto económico benefició no solo a los 3.700 establecimientos de hospedaje distribuidos a lo largo y ancho del país, sino también a los miles de pequeñas y medianas empresas vinculadas directa e indirectamente con la actividad.
También es cierto que la pandemia provocada por el esparcimiento de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la industria del turismo, como consecuencia de las justificadas restricciones al libre movimiento de las personas en todo el mundo, el cierre indefinido de los aeropuertos, y la cuarentena obligada para muchos de quienes provienen del extranjero. Costa Rica no ha sido la excepción y las cifras arrojan una dramática caída del número de visitantes, en el orden del 96,8% y del 98,2% para los meses de abril y mayo de este año, respectivamente, si lo comparamos con los mismos meses del año anterior. Eso era esperable, dado que desde mediados de marzo de este año los aeropuertos internacionales del país, punto de entrada para el 77% de los turistas que nos visitan, han permanecido totalmente cerrados para los extranjeros.
La entendible angustia y desesperación que esta situación provoca a los emprendedores del turismo y sus trabajadores llevó a una inusitada expectativa sobre la decisión gubernamental tendiente a reabrir las fronteras aéreas, fijada para el próximo sábado 1.º de agosto. El sector tiene la esperanza de que esta apertura, aunque aún tímida, sirva para dar inicio a su reactivación y le haga llegar un poco de un muy necesitado oxígeno para poder sobrevivir este duro trance. El sustento y futuro de miles de familias depende de esa apertura y aunque el país cuenta con algunas ventajas como la cercanía geográfica con su principal socio (todavía vedado) o que las atracciones principales para el visitante se encuentren al aire libre y se den en núcleos familiares, lo cierto es que su éxito dependerá de que aquella se haga bien.
Sin embargo, el levantamiento de las restricciones y la ilusión de muchos vienen acompañadas de una gran cantidad de acotaciones. Para empezar, reabrir los aeropuertos no es una medida que garantice, por sí misma, que los turistas puedan o quieran venir al país. Razones económicas, el temor a contagiarse durante el trayecto, a terminar en un sistema de salud saturado, o la incertidumbre sobre la sostenibilidad de una medida que podría cambiar repentinamente y sin previo aviso, pueden ser motivos suficientes para evitar viajar del todo o fuera de su país de origen, o bien posponer la visita para un momento más oportuno. Por ello es esencial que Costa Rica sea percibida como un destino seguro por los altos estándares que haya adoptado.
Así, el ingreso de turistas debe venir necesariamente matizado con requisitos que permitan asegurar que no habrá peligro de que el virus se propague localmente con más fuerza. Al distanciamiento exigido entre los pasajeros dentro y fuera de la aeronave, la toma de temperatura o la alfombra desinfectante de zapatos y demás pautas de higiene, es razonable agregar la obligatoriedad de obtener un seguro de gastos médicos y alojamiento o exigirles a los turistas haberse hecho la prueba del COVID-19 y que esta sea negativa, entre otras medidas igualmente desalentadoras pero indispensables. Asimismo, es también justificable discriminar con base en el lugar de proveniencia de los turistas, una medida difícil de implementar y fiscalizar, pero conveniente.
Por otro lado, una vez ingresados al territorio nacional, es necesario definir si se aplicarán o no restricciones al tránsito no solo de turistas, sino también de los proveedores de bienes y servicios relacionados, en especial si la restricción vehicular siguiera afectando a los demás nacionales, o si continuarán o no las limitaciones para el acceso a las playas (ya flexibilizado) y el aforo reducido en hoteles y restaurantes, particularmente si las cifras de los contagios sigue en aumento, como ha sucedido durante este mes de julio.
Finalmente, no debe olvidarse que el primer y más importante objetivo debe ser siempre salvaguardar la salud de la población. Primordialmente por razones éticas y humanitarias, pero también por razones económicas y de sentido común. Si el manejo de la pandemia se nos saliera de control no habría posibilidad alguna de que el sector turístico —y probablemente ninguno otro— resurja durante mucho tiempo.
La experiencia de otros países tan dependientes como el nuestro de la industria turística debe servir de marco de referencia apropiado. Esto significa que la reapertura debe ser sumamente cautelosa, limitada, gradual, estrictamente supervisada y, además, aplicada responsablemente y con mucho cuidado por los prestadores del servicio, en el entendido de que, en cualquier momento —y de ser necesario—, será revertida sin dilación.