La decepción con la política y los políticos es global. Los populismos recorren el mundo construyendo regímenes autoritarios, adquieren el poder por el voto y luego atropellan libertades e instituciones democráticas.
No somos la excepción a este fenómeno, aunque el proceso nacional es singular. La reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica permite un enfoque más preciso.
La baja calificación de la Asamblea Legislativa (4,4 de 10), los partidos políticos (2,9) y el Tribunal Supremo de Elecciones (5,9) revelan baja estima con instituciones claves para la democracia representativa.
La ausencia de simpatía partidaria en 87% de la población es parte del mismo síndrome. Tal y como publicó este medio, el pasado 5 de marzo, Costa Rica visualiza en el horizonte las elecciones nacionales de 2022, con los niveles de simpatía partidaria más bajos desde 1993.
El malestar con la política del 59,9% de los encuestados, la decepción (77,6%) y la desconfianza (86,3%) son expresión de las causas de la deriva antipolítica, que podrían engendrar rechazo antidemocrático.
Explicar este fenómeno requiere de evidencia empírica pero también perspectiva histórica y lectura contextual. El análisis requiere también de examen bidimensional. No es suficiente el estudio desde la perspectiva de la oferta política, desde la actuación de políticos y partidos, es necesario un enfoque desde la demanda ciudadana, de los cambios en la estructura sociopolítica y la cultura política.
Corrupción, endogamia, clientelismo , ignorancia, ineficacia, autoritarismo tecnocrático, opacidad y arrogancia de la clase política y sus partidos explican en mucho la desafección ciudadana.
La crisis de la representación es el desfase entre el sentir de los sectores ciudadanos y sus representantes, esta tiene un elemento estructural inevitable, siempre habrá una brecha entre los ciudadanos y su diversidad con los representantes electos, estos se eligen en circunstancias concretas que pueden cambiar radicalmente pasado el momento electoral y exigir respuestas inéditas ante problemas nuevos.
La lectura de la situación debe contemplar una explicación sobre el derrumbe del sistema de partidos, interpretación que supere el simplismo de la moralina y profundice en sus causas: repetidas denuncias y acusaciones de corrupción, nepotismo, falta de inclusión de nuevos sectores en el proceso político y mentalidad feudal de los líderes partidarios.
El desplome del bipartidismo ha llevado a la volatilidad, los nuevos actores pretendieron la desaparición de los partidos tradicionales y refundar el sistema a partir del eticismo, la afirmación del mercado, nuevas versiones socialistas o la introducción de guerras valóricas. El resultado ha sido un multipartidismo centrífugo que produce repetidamente segundas vueltas, fragmentación y polarización.
Irónicamente las nuevas formaciones han caído en los mismos pecados: estafas, tráfico de influencias, dogmatismos ideológicos, fanatismos religiosos y ausencia de organizaciones que gocen de legitimidad ciudadana con cierta permanencia.
Como lo hemos señalado anteriormente, el problema tiene otra dimensión, no se trata solo de los actores políticos, de la oferta política, también tiene que ver con las demandas ciudadanas y con las instituciones.
Divisiones rural-urbano, desigualdades entre la vieja y la nueva economía, antagonismos culturales, unidos a factores institucionales como una democracia limitada al instante electoral, contribuyen también al malestar político.
En efecto, ya tuvimos una elección en la que la dimensión religiosa fue un condicionante de los resultados electorales, así como la desigual distribución del voto entre las zonas costeras y la región central indica la coexistencia de electorados diversos.
La creciente diferenciación social derivada de la transformación productiva genera también votantes diferentes y la creciente educación ciudadana después de la guerra civil ha creado una población más consciente de su entorno político, conciencia ampliada por las redes sociales que han generado un ciudadano vigilante, demandante y crítico más allá del elector cuatrienal.
El periodo interelectoral sirve para poner cotidianamente a prueba la legitimidad de origen electoral de los representantes y los somete al juicio permanente sobre los resultados de su gestión.
La legitimidad de origen no es suficiente, requiere de legitimidad de ejercicio. El poder es sometido a pruebas de validación y control (tribunales constitucionales, defensoría, contraloría), la ciudadanía se vuelve activa y trasciende el imprescindible episodio electoral.
La actuación de los gobernantes se ve sujeta a reglas de transparencia, la rendición de cuentas permanente, la reacción obligada ante el ciclo noticioso y la movilidad de las redes sociales. La parálisis ante esta nueva realidad ocasiona pérdida de legitimidad de ejercicio, genera desconfianza y decepción con la política y sus actores.
También importa la estructura de las instituciones, sistemas electorales incluyentes que incorporan la proporcionalidad pueden producir fragmentación excesiva pero son necesarios para incluir nuevos actores. La combinación entre proporción y principio mayoritario genera gobernabilidad.
Los partidos y sus líderes fallan en leer las demandas pues siguen en clave electoral y no entienden las fuerzas sociales que se mueven tras las reivindicaciones del momento. Se equivocan también cuando olvidan que promesas y programas de hoy, seguirán siendo sometidos a la crítica y enjuiciamiento, pasados los comicios.
El continuo movimiento de la conciencia social hace difícil entrever cuáles serán los temas definitorios de la decisión electoral. Las identificaciones electorales son volátiles y se mueven en doble sentido, de la izquierda y derecha a lo cultural, de la ecología al escándalo político, de la apertura al proteccionismo, y en esta ocasión del género a la pandemia, la dinámica de una campaña que apenas empieza definirá los temas centrales.