El pasado miércoles 26 de setiembre, el Ministerio de Hacienda se acogió a los recursos de emisión del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para financiar el déficit fiscal por más de $800 millones. Esta medida, conocida como Letras del Tesoro, pone en evidencia, una vez más, la fragilidad de la situación fiscal del Gobierno Central como consecuencia de posponerse durante más de diez años las medidas para disminuir efectivamente el faltante en las arcas públicas.

La operación fue anunciada el martes 25 por los jerarcas de Hacienda, Rocío Aguilar, y del Central, Rodrigo Cubero, y se hizo efectiva al día siguiente.

Este mecanismo, al que no se recurría en Costa Rica desde 1994 y que también se utilizó en la crisis de los años 80, permite que la Tesorería Nacional tenga un respiro para no tener que financiarse a altas tasas de interés por los 90 días que fue pactada la operación crediticia con el BCCR.

De esta manera el Gobierno logra una tregua que le brinda un respiro financiero por un corto período, con la apuesta y esperanza de que esta vez sí el país, léase la Asamblea Legislativa, tenga el coraje, visión y sentido de la responsabilidad para tomar las decisiones necesarias.

Siempre en el contexto de un terreno frágil y vulnerable, y en aras de ir ganando tiempo, la titular de Hacienda ha anunciado una figura relativamente nueva de financiamiento: los contratos de colocación de deuda. Estos le permitirían al Gobierno captar cerca de $800 millones a plazos relativamente cortos, que si son aceptados, especialmente por inversionistas extranjeros, podrían ingresar a finales de noviembre de este año.

Como se puede apreciar, la situación financiera del Gobierno Central es altamente riesgosa y precaria por varios motivos.

Ya se está recurriendo a la emisión monetaria para financiar el gasto. Si esto ocurre por única vez, no debería tener grandes consecuencias sobre la inflación, pero si se vuelve recurrente podemos entrar en la senda inflacionaria. Sin embargo, no se puede perder de vista que el monto del préstamo —¢498.000 millones— representa casi el 50 % del saldo de la emisión de dinero del Banco Central de Costa Rica.

La sobrevivencia de la Tesorería Nacional depende crucialmente del éxito de los contratos de colocación de deuda. ¿Estarán los inversionistas internacionales y locales dispuestos a apostar por el riesgo Costa Rica? ¿A qué tasas estarán dispuestos a hacerlo? Todo esto depende principalmente del avance del plan fiscal en la Asamblea Legislativa.

Buenas señales

El presidente Carlos Alvarado Quesada fue claro la semana pasada en su intención de impulsar la propuesta fiscal.

La posición firme del Mandatario es una buena noticia para el país porque ratifica, una vez más, su voluntad política para avanzar en la solución del serio y creciente problema fiscal que heredó de los gobiernos que lo precedieron y que fue soslayado y minimizado por el gobernante anterior, Luis Guillermo Solís, y quien fuera su ministro de Hacienda, Helio Fallas.

También es una buena señal el hecho de que la iniciativa no haya sido retirada del Primer Poder de la República, donde, como hemos señalado reiteradamente, están los auténticos representantes de la ciudadanía costarricense, elegidos democrática y soberanamente en las urnas electorales y no en procesos gremiales de muy poca participación. Alienta saber que una mayoría parlamentaria está dispuesta a votar en pro de la aprobación de dicho proyecto; es así cómo funciona un Estado de derecho.

Las malas noticias provienen de los sindicatos del sector público que pretenden que las decisiones sean tomadas por las vías de hecho desde las calles.

Sin embargo, estas organizaciones han fracasado en su mezquino intento de paralizar al país a través de una “huelga general”.

Los dirigentes sindicales han despreciado los canales de diálogo que les ha abierto el Gobierno. Afortunadamente, la población ha entendido que el objetivo del movimiento de protesta es defender caros beneficios particulares y que echar por la borda el plan fiscal llevaría al país a una crisis financiera de grandes consecuencias económicas, políticas y sociales.

En conclusión, de los acontecimientos de la semana pasada nos quedan tres hechos.

Primero, el Gobierno compró tiempo para posponer la solución del problema fiscal por 90 días con un crédito del Banco Central de Costa Rica.

Segundo, el presidente Alvarado se mantuvo firme en la búsqueda de una solución de mayor permanencia y esto arroja un rayo de esperanza.

Tercero, los sindicatos del sector público persistieron en una huelga en contra de los intereses del país y en perjuicio de servicios básicos para las personas.