Dedicamos el editorial de esta semana al tema de la magnitud y consecuencias de las exoneraciones fiscales. Pero resulta inevitable relacionarlo con la decisión del Banco Central de poner tope al crecimiento al crédito al sector privado.
Las exoneraciones fiscales corresponden al ingreso no percibido por el fisco al otorgar un régimen de incentivos fiscales con el objetivo de beneficiar a ciertas actividades económicas, regiones o grupos de contribuyentes. En el 2011 la Contraloría General de la República estimó que las exoneraciones llegaron a la suma ¢1,2 billones, lo cual representa un 5,8% del PIB.
La magnitud de las exoneraciones es muy importante, si tomamos en cuenta que la carga tributaria del Gobierno Central en el 2011 fue cercana al 15% del PIB y que el déficit fiscal fue del 4,5% del PIB.
La lista de actividades exoneradas de impuestos es larga y variada. En el reportaje que publicamos en esta edición, somos amplios en presentar la diversidad de exoneraciones existentes. El costarricense debe conocer esta información para que tenga claridad sobre quiénes son los que participan en el sostenimiento del Estado costarricense y quiénes no.
La magnitud de las exoneraciones representa una debilidad y fuente de filtración para el sistema impositivo costarricense. Desde luego, tenemos claro que si se eliminaran todas las exoneraciones el ingreso del Gobierno no se incrementaría en 5,8% del PIB, dado que algunas de los sectores exonerados reducirían o eliminarían su actividad en un sistema sin exoneraciones.
Consideramos que la próxima reforma fiscal, para que sea exitosa, debe abordar tres temas: la racionalización de las exoneraciones, nuevos impuestos y en la calidad del gasto público. Difícilmente, el costarricense aceptará pagar más impuestos si no hay un cambio sustancial en la política de exoneraciones fiscales y si no hay un esfuerzo de mejorar el perfil del gasto.
La manga ancha de la política de exoneraciones contribuye en forma importante al déficit del Gobierno Central y, por lo tanto, tiene consecuencias y costos sobre la economía. Ya comentábamos en un editorial anterior, cómo el financiamiento del déficit fiscal estruja al resto de la economía. Un mayor déficit fiscal presiona las tasas de interés al alza, con lo cual empresas y familias se quedan sin crédito o tienen que pagarlo más caro. Las altas tasas de interés son un señuelo de los abundantes capitales golondrina que pueden desestabilizar la economía costarricense.
Precisamente, la semana pasada el Banco Central anunció una medida para ponerle tope al crecimiento al crédito otorgado por el sistema financiero nacional al sector privado. Las medias anunciadas dejan que el crédito al sector público pueda crecer libremente, con lo cual esta acción de represión financiera procura abrirle campo al financiamiento del déficit fiscal en el sector financiero.
Esta decisión del Central tiene varias consecuencias. Primero, el crédito será más escaso y caro. En particular, el peso recaerá en los créditos pequeños y más riesgosos, dado que las grandes empresas tienen acceso al sistema financiero del exterior. Segundo, lo anterior representará un importante freno al crecimiento de la producción y del empleo para el 2013. Preocupa esto en medio de un ambiente de poco crecimiento de la economía mundial. La noticia de la semana pasada sobre el retroceso en la recuperación de la economía de los Estados Unidos en el último trimestre del 2012 resulta preocupante para Costa Rica. Tercero, la represión financiera del sector financiero local favorecerá a los operadores internacionales y a que las entidades locales establezcan operaciones offshore.
En conclusión, el país debe abocarse a una amplia discusión sobre el papel y las consecuencias de las exoneraciones fiscales. El costo de estas no es un asunto teórico; es un costo que deben soportar las familias y empresas del país.