Tal y como lo establece el Artículo 178 de la Constitución Política, el Ministerio de Hacienda presentó el pasado jueves 1°. de setiembre a la Asamblea Legislativa para su aprobación el proyecto de ley de presupuesto ordinario para el ejercicio 2023. Luego de someterla a discusión de los congresistas, la Ley de Presupuesto deberá quedar aprobada a más tardar el 30 de noviembre.
En nuestro país, las leyes de presupuesto ordinarios y extraordinarios constituyen los límites superiores de gasto que las instituciones del Gobierno Central pueden disponer cada año. Además, estas leyes están sujetas al cumplimiento de la regla fiscal establecida en el Título IV de la Ley de Responsabilidad Fiscal No. 9635 emitida el 4 de diciembre de 2018. El Artículo 11 de este Título IV establece que cuando la relación deuda a Producto Interno Bruto (PIB) sea superior a 60% (actualmente es cercana a 70%), el crecimiento interanual del gasto total no podrá sobrepasar 65% del promedio de crecimiento del PIB nominal. Este promedio se calcula con base en los cuatro años anteriores al año de formulación del presupuesto nacional. Es decir, el periodo 2018-2021.
El gasto total incluye todas las partidas de gastos corrientes y gastos de inversión, y esta diferenciación se hace solo cuando la deuda a PIB es superior a 60%, pues si no le fuese, el límite de crecimiento de gasto es mayor y solo aplica sobre los gastos corrientes.
Para el ejercicio fiscal 2023, la regla fiscal restringe el crecimiento del gasto total a 2,56% en términos nominales, y el proyecto presentado por el gobierno presupuestó un crecimiento de 2,52%, de acuerdo con el Ministro de Hacienda. Se debe recordar que la Ley de Presupuestos contempla la partida de amortización de la deuda pública, pero este momento debe ser deducido a la hora de aplicar la regla fiscal, ya que no corresponde a un gasto. Por tanto, si se toma en consideración la amortización de la deuda, el gasto presupuestado estaría creciendo 6,5% en relación con el año anterior.
Incremento en tasas de interés. El panorama presupuestario presenta varias complicaciones para el próximo año. Uno de los más importantes es el peso que los intereses tienen dentro del gasto total. De hecho, el servicio de la deuda es el segundo rubro que más crece en términos absolutos en el proyecto de presupuesto y el segundo en términos relativos (14,9%), solo superado por el crecimiento de 54,5% en el presupuesto del Ministerio de Hacienda, por la capitalización al Banco de Desarrollo de América Latina para acceder a créditos de este banco. De hecho, el servicio de la deuda representa 47% del total de los gastos incluidos en el presupuesto. Ante el incremento en este rubro, se deben tomar dineros de otras partidas para cumplir con la regla fiscal. Aunque la intención de la regla fiscal era justamente esa, la realidad golpea el presupuesto de instituciones claves, como las dedicadas a la atención de la pobreza, en una época en donde la cantidad de pobres se está incrementando como nunca se había visto en nuestro país desde la crisis de los 80, empujadas por el alto desempleo y el incremento en el costo de la vida.
Alta inflación. La regla fiscal no estuvo diseñada para la transición de un periodo de baja a alta inflación. La fórmula de la regla fiscal tiene un rezago pues es un promedio de los 4 años previos. Entre estos están el año más severo de la pandemia (2020) donde el PIB nominal decreció y aunque posteriormente hubo una recuperación en 2021, ambos años fueron de muy baja inflación.
Sin embargo, ahora que la inflación está apuntando a cifras superiores a dos dígitos, el incremento en los precios tendrá su mella sobre los próximos años presupuestarios, pero en especial en 2023. Como la mayoría de las instituciones públicas tendrán un crecimiento nulo o negativo del gasto, esto significa que en términos reales (o sea, sin inflación), el presupuesto caerá más de 20%, como es el caso del Ministerio de Salud, cuyo presupuesto cae 9% en términos nominales. Esto plantea un problema de calidad de gasto, el cuál de mantenerse esta inercia, se traducirá en servicios públicos empobrecidos.
Daño a la inversión pública. Un ejemplo de peores servicios públicos serán los gastos en inversión como mantenimiento de carreteras. Nuestra regla fiscal es dañina hacia la inversión pública cuando la relación deuda a PIB supera el 60%. Dentro del tope de gasto público total se incluye esta inversión. Esto era conocido por los diseñadores de la regla fiscal, dentro de los cuales se encontraba el actual Ministro de Hacienda, y por los diputados que la aprobaron. Sin embargo, la idea detrás de este diseño era promover la reasignación del gasto hacia áreas prioritarias, lo cual no ha ocurrido.
Hoja de ruta fiscal. El proyecto de presupuesto nacional presentado adolece del eterno problema inercial en materia de gasto: no contiene una reasignación de prioridades y reconfiguración de las actividades del Estado para que la regla fiscal no golpee a todas estas actividades por igual. Las limitaciones que está sintiendo el gobierno en materia fiscal deben servir como aliciente para emprender las reformas del Estado de la que se ha venido hablando por décadas en el país. En este sentido, la primera prioridad debería ser el anuncio de la hoja ruta parar redefinir el accionar del Estado, en vez de notar cada año con mayor fuerza el proceso de deterioro de los servicios públicos, así como un Estado disfuncional.