Para la gran mayoría de los trabajadores asalariados, cuyo régimen básico de pensiones es el de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM), la posibilidad de jubilarse con una pensión que cubra al menos el 60% de su último salario se ve cada día más lejana.
Para los asalariados afiliados a alguno de los regímenes básicos sustitutos del IVM, como los del Magisterio o el Poder Judicial, la situación es mucho mejor, pues su pensión se calcula sobre un lapso de cotización más corto y cercano al último salario. Sin embargo, la insostenibilidad de esos regímenes sustitutos probablemente obligará a ampliar la base de cálculo y modificar otras condiciones, en la misma línea que se está contemplando respecto al IVM.
Y ni qué decir de los trabajadores por cuenta propia, cuyos aportes al IVM suelen ser muy bajos o ni siquiera cotizan, a pesar de la obligación legal de hacerlo.
Para suplir esa insuficiencia del IVM se crearon a partir del 2000, con la Ley de Protección al Trabajador, los planes obligatorios y voluntarios de pensiones complementarias. Los obligatorios le ayudarán al trabajador a incrementar el monto de su pensión, según se estima, en hasta un 20%, dependiendo de diversos factores como el monto del salario, el lapso de cotización y la tasa de rentabilidad de los fondos. Pero aún con ese complemento, la tasa de reposición no va a ser suficiente, por lo que los planes voluntarios son prácticamente el único medio que permitirá llevar la pensión a un nivel más cercano al último salario que se devengue al jubilarse.
Un elemento muy positivo es la reforma legal aprobada recientemente, que deja claro que los retiros de los fondos voluntarios de pensiones, una vez que se cumpla con el plazo de permanencia y la edad requeridos, no están sujetos a impuesto sobre la renta, como lo había venido sosteniendo Tributación. A esto se suma que los aportes a estos fondos pueden usarse como escudo fiscal hasta un 10% del salario o ingreso bruto percibido durante el año.
Ahora bien, la realidad actual de los planes voluntarios no es muy halagüeña. Según datos de la Supen, solo el 3,8% de los trabajadores cuenta con un plan de pensión voluntaria. Entre julio de 2014 y julio de 2015, se unieron 2.543 afiliados al régimen voluntario, muy por debajo de los más de 78.000 afiliados que ingresaron al régimen obligatorio en ese mismo período. Además, según datos suministrados por las operadoras de pensiones, una mínima parte de los afiliados a planes voluntarios son menores de 31 años, grupo que sería muy afectado por la insostenibilidad o insuficiencia de los regímenes básicos, dado el largo plazo que les falta para pensionarse.
El Superintendente de Pensiones anuncia que explora la idea de que a los nuevos cotizantes se les abra por defecto un plan de pensión voluntaria, sujeto a la posibilidad de revocar el consentimiento más adelante. Estas y otras medidas deben estudiarse. Lo cierto es que se requiere un esfuerzo concertado de las autoridades reguladoras, las operadoras de pensiones y los patronos, que por medio de planes voluntarios colectivos pueden contribuir a fomentar este tipo de ahorro entre los trabajadores.
Mientras se estudian e implementan otras medidas, es imperativo intensificar y mejorar la información que se brinda a los ciudadanos sobre este producto y sobre las consecuencias de no utilizarlo de cara a una futura jubilación.