Representantes de 62 sectores se reunieron durante casi un mes en el foro de diálogo intersectorial convocado por el Gobierno y la Asamblea Legislativa, que concluyó el pasado 21 de noviembre. Se plantearon 2.301 propuestas, de las cuales se sometieron a análisis 259 y al final se aprobaron 58 en que todos los sectores lograron ponerse de acuerdo.
En las 58 propuestas aprobadas encontramos de todo. Hay propuestas para combatir la evasión fiscal, como presentar un proyecto de ley que prohíba la actividad económica de funcionarios públicos en paraísos fiscales, conformar un grupo de trabajo mixto para definir una estrategia de formalización de emprendimientos y microempresas, mejorar los procesos de selección y contratación de funcionarios de la Administración Tributaria.
Hay propuestas para combatir la pobreza y el desempleo, como flexibilizar trámites para facilitar el acceso a crédito de pymes y emprendedores, analizar la situación laboral del país para unir instrumentos y programas que permitan apoyar a los desempleados, favorecer la asociatividad de productores en modelos como cooperativas o consorcios.
El carácter general y programático de la mayoría de lo acordado hace que prácticamente nadie pueda estar en desacuerdo. Ahora bien, el diálogo se convocó para atender una situación urgente: el inminente descalabro fiscal del país y la necesidad de replantear la propuesta inicial del Gobierno para un convenio de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual había sido ampliamente rechazada por enfocarse principalmente en nuevos impuestos.
A ese respecto, no solo el diálogo intersectorial se quedó corto, sino que la actitud del Gobierno luego de finalizado el proceso agrava la incertidumbre.
El diálogo se quedó corto en cuanto a medidas estructurales para reducir el déficit fiscal y el peso de la deuda. De los acuerdos alcanzados, únicamente 13 generan aumentos en ingresos o recortes al gasto.
Las estimaciones son que esos acuerdos permitirían reducir de manera permanente el déficit fiscal en cerca del 2,18% y, por una única vez, en cerca de 3,16% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso supera la meta inicial de lograr una reducción del 2,5% del PIB, pero es insuficiente, ya que el déficit fiscal cerrará el año en 9,3% del PIB según las estimaciones del Ministerio de Hacienda.
Además, varios acuerdos importantes ya estaban en camino en la Asamblea Legislativa y no pueden atribuirse al proceso de diálogo, o se basan en estimaciones dudosas. Veamos algunos ejemplos.
Una de las principales fuentes de ingresos adicionales permanentes es el proyecto Hacienda Digital, destinado a mejorar la eficiencia en recaudación de tributos, gasto y administración de la deuda pública. Se estima que aportará ingresos adicionales del 0,5% del PIB a partir del 2023. Sin embargo, el proyecto de ley ya había recibido aprobación legislativa en segundo debate antes de concluir el diálogo. Adicionalmente, la estimación original del Ministerio de Hacienda era que aportaría ingresos del 0,25% del PIB, la mitad de lo que finalmente se le atribuye, sin que quede claro de dónde salió ese incremento tan sustancial.
Entre las fuentes de ingresos adicionales por una única vez está el proyecto Pagar, que busca permitirle al Gobierno recuperar fondos dispersos en superávits de varias entidades públicas para reducir el peso de la deuda. El diálogo le atribuye ingresos adicionales del 0,26% del PIB a partir del 2020. Sin embargo, Hacienda ya había anunciado que una parte importante de esos fondos tendría que utilizarse para compensar la rebaja en el marchamo aprobada por la Asamblea Legislativa.
En reducción del gasto público los resultados del diálogo son aún más magros. Se mencionan los recortes al gasto primario ya aprobados por los diputados para el presupuesto nacional del 2021, pero en realidad no fueron resultado del diálogo. También se incluyen recortes para el 2022 que quedan en el aire y medidas como canjes de deuda y emisión de bonos cero cupón, que son más una posposición del problema. Y los acuerdos alcanzados no incluyen nada sobre empleo público y reforma institucional, dos temas fundamentales como lo destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sus informes sobre Costa Rica.
Recuérdese que el principal rubro del gasto primario del Gobierno son las remuneraciones, duplicamos el promedio de lo que se gasta en los países OCDE. Por eso el Gobierno y la Asamblea Legislativa tienen la gran responsabilidad de lograr pronto la aprobación de una ley de empleo público que realmente ponga orden en esa materia.
El diálogo multisectorial nos deja un gran sinsabor en cuanto a otro tema medular: el acuerdo con el FMI. Si bien la propuesta inicial del Gobierno no tuvo ambiente por centrarse en impuestos, era claro que estaba dirigida a lograr un acuerdo con el FMI y el propio presidente de la República destacó la importancia y la urgencia de ese acuerdo, para darle credibilidad al país y evitar una crisis. Sin embargo, desde que arrancó el diálogo el tema no se menciona, hasta lo evade el ministro de Hacienda cuando se le consulta.
Algunos grupos recalcitrantes dicen no al FMI, recurriendo a poses y consignas como las que llevaron a Costa Rica al despeñadero a principios de los ochentas. Confiamos en que el Gobierno no cederá a tales ocurrencias y mantendrá el rumbo. En el estado actual de las finanzas públicas, simplemente no hay otra opción. Ya queda muy poco tiempo.