La población empleada en Costa Rica posee dos características distintivas. Por un lado, los trabajadores asalariados han venido cayendo en la última década. Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), la cantidad absoluta de asalariados entre 2011 y 2019 (para mostrar cifras prepandemia) disminuyó de 1.513.931 a 1.418.065, lo que representa una caída de -6%. Mientras tanto los trabajadores independientes crecieron de 312.500 a 438.034, en esas fechas, o sea, 40%.
Por otro lado, la informalidad viene aumentando de manera rampante, pues en este mismo periodo la cantidad de trabajadores informales creció en 48% y hoy cerca de la mitad de los trabajos existentes son informales. Estos dos fenómenos están vinculados, pues la mayor cantidad de trabajadores informales son también independientes.
A pesar de lo anterior, en nuestra última edición de El Financiero (N°. 1341) publicamos un reportaje que muestra cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha venido obstaculizando la afiliación de trabajadores independientes, pues pretende cobrar de manera retroactiva al año 2005, las cuotas dejadas de pagar por este grupo de trabajadores, incluyendo multas e intereses. Esta situación se ha constituido en una de las principales barreras para afiliar a la creciente población de trabajadores independientes, pues muchos de ellos no están en la capacidad de pagar tan elevados montos de la formalización, problema que se incrementa con el pasar del tiempo.
De hecho, la anterior situación ha motivado la interposición de recursos de inconstitucionalidad que se encuentran en estudio desde 2018 y que eventualmente podrían traerse abajo la obligatoriedad de cotización de los trabajadores independientes establecida por la CCSS. A lo anterior, se le suma el ímpetu de la CCSS por pretender tasar ingresos que están asociados a rentas pasivas y no laborales, como es el caso de los intereses, los alquileres y los dividendos, entre otros, tal y como ocurre con el impuesto sobre la renta.
Las consecuencias de estas medidas no pueden ser otras que un incremento en la informalidad. Surge la pregunta, entonces, sobre qué medidas se pueden adoptar para fomentar la cotización de los trabajadores independientes, en medio de la crisis de sostenibilidad que afecta tanto al seguro de pensiones como el de salud.
Borrón y cuenta nueva. La medida más eficaz para promover la formalidad es eliminar la imputación de estas cuotas y multas históricas, pues de todas formas será más lo que recaude la CCSS afiliando a nuevos trabajadores que intentando cobrar cotizaciones atrasadas a individuos que no están en la capacidad de pagarlas. Por ello es que resulta esperanzadora la noticia de que la CCSS prepara una amnistía de cobros retroactivos para trabajadores independientes, formales o informales, mediante una reforma a su Reglamento de Afiliación. Esta medida va en la misma dirección de un proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa para condonar las deudas de los trabajadores independientes. Sin embargo, esto no es suficiente para atraer a todos los trabajadores independientes.
Grupos de difícil afiliación. Dentro de los trabajadores informales independientes hay diferentes grupos de trabajadores que se encuentran sobrerrepresentados. Por ejemplo, están los jóvenes entre 15 y 24 años, que presentan altísimas tasas de desempleo e informalidad. Del mismo modo, pero en menor proporción, se encuentra el grupo de mujeres. En estos casos, se debe disminuir el costo de la afiliación, o sea, de las cuotas sociales, por lo menos de manera temporal, para permitir visualizar a estos trabajadores e irlos incorporando a la formalidad de manera permanente. En el caso de los trabajadores más jóvenes, quienes cuentan con nula o poca experiencia laboral, el abaratamiento de la cotización por un lapso prudencial les permitiría formalizarse mientras sus salarios van mejorando en el tiempo conforme vayan desarrollando sus carreras laborales. Para las mujeres, una cuota preferencial les permitiría compensar la discriminación salarial que históricamente han sufrido y que en muchos casos les impide generar ingresos suficientes para poder pagar las cuotas sociales.
Ingresos presuntivos. La siguiente medida que favorecería la afiliación de los trabajadores independientes es permitirles cotizar con base en los ingresos efectivos y no en los presuntivos. Hoy la CCSS tarifica las cuotas sociales con base en la actividad con la que se inscribe el trabajador independiente, con indiferencia de la intensidad con la que el trabajador desarrolla sus labores. Ello le impide a un grupo generar ingresos para pagar la afiliación a la CCSS. En este mismo sentido, la CCSS debería abandonar la idea de cobrar cuotas sociales sobre ingresos no laborales, como alquileres y rendimientos de inversiones financieras, lo cual además difícilmente pasaría el filtro constitucional y expone a la institución a importantes riesgos legales. En este mismo sentido, se debe de hacer un esfuerzo para equiparar las cargas sociales entre los trabajadores asalariados y los independientes. En la actualidad, estos últimos deben pagar un porcentaje cercano al 19%, mientras que al trabajador asalariado se le cobra un 10,5% de su ingreso. Si a ello se le suma el impuesto sobre la renta, algunos trabajadores independientes estarían entregando al Estado casi el 50% de sus ingresos, lo que representa un costo muy elevado para la formalidad.
Procesos de afiliación. Por último, la CCSS debería simplificar al máximo los mecanismos de afiliación, los cuales desalientan la formalización del trabajador. En un mundo cada vez más informatizado, la afiliación al seguro social debería ser un proceso casi automático y la exigencia de requisitos debería basarse en una verificación ex post, en lugar de someter al trabajador a un largo proceso de trámites que más una comprobación de ingresos parece alimentar a una burocracia mórbida.