La discriminación de la mujer es un tema real que merece atención y debe formar parte del diseño de políticas públicas enfocadas a disminuir las brechas de género. En las últimas décadas, las mujeres han logrado prosperar de forma muy significativa en los países de América Latina, en todo tipo de actividades, que van desde el deporte, hasta la participación política. A pesar de estos avances, persisten en el mercado laboral importante inequidades salariales que se manifiestan incluso cuando se eliminan temas vinculados a actividades no remuneradas como la gestación, el cuido de los niños y ancianos y las tareas del hogar.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina, la tasa de participación femenina en el mercado laboral aumentó casi 50% en los últimos 25 años. Sin embargo, las mujeres son 30% menos propensas que los hombres a tener un empleo y cuando lo tienen, una mayor proporción de ellas lo hacen en el sector informal. Estas situaciones afectan la generación de ingresos, las hace sufrir una mayor probabilidad de ser pobres y a no contar con una pensión suficiente para financiar su vejez de manera digna.
Costa Rica no escapa a estos problemas y las brechas de género se reflejan también en el acceso al crédito en el sector financiero. De hecho, en nuestra última edición de El Financiero (1.356) dimos cuenta que la brecha en el saldo de crédito entre mujeres y hombres se estancó desde 2018, lo cual marcó una pausa a la tendencia de cierre que venía reportándose en los años previos. A grandes rasgos, de cada ¢3 del saldo de préstamos de los intermediarios financieros, ¢2 se destinan al financiamiento de proyectos de hombres y ¢1 a los de mujeres. Las cifras más recientes muestran que la crisis de COVID-19 aumentó aún más las diferencia entre mujeres y hombres en cuanto al acceso al crédito.
Varias son las razones por las que ocurre esta discriminación en el mercado crediticio. La más importante es que dentro de los requisitos para acceder a un crédito está la medición de la capacidad de pago que se basa en el monto y la regularidad del ingreso. Sin embargo, como se indicó, la discriminación del mercado laboral se manifiesta en menores tasas de participación de la mujer, un mayor nivel de informalidad y niveles salariales inferiores cuando las actividades que desempeñan las mujeres se comparan con labores similares a las de sus pares masculinos. Por ejemplo, un estudio reciente de la economista Laura Blanco demostró que en el caso de los profesores universitarios que se encuentran en régimen académico en la Universidad de Costa Rica, las mujeres reciben una peor calificación en sus publicaciones que la que reciben los hombres, por lo que queda en evidencia una discriminación de género que conduce a un menor nivel salarial.
Varias son las razones por las que ocurre esta discriminación en el mercado crediticio. La más importante es que dentro de los requisitos para acceder a un crédito está la medición de la capacidad de pago que se basa en el monto y la regularidad del ingreso.
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Otras garantías que exige el sector financiero para otorgar crédito son propiedades y fiadores. Estos aspectos también ponen en desventaja a las mujeres. Con ello se crea un círculo vicioso, pues el menor acceso al crédito produce que menos mujeres puedan emprender negocios, formalizar empresas y superarse económicamente. Por ello, es recomendable emprender políticas públicas que no solo logren igualdad de derechos para las mujeres, como Costa Rica lo ha venido haciendo y es un punto destacable a nivel internacional, sino también, que mejoren el acceso de las mujeres al crédito en el sector financiero.
Otros países de la región han avanzado en la dirección de mejorar la empleabilidad de las mujeres y su generación de ingresos. Por ejemplo, en Guatemala, mediante programas de educación infantil temprana, se ha logrado disminuir de forma significativa la tasa de embarazo adolescente lo cual obliga al abandono de los estudios de primaria y secundaria. En otros países, incluyendo Costa Rica, los programas subsidiados de cuido infantil favorecen el incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral. Si se desea ser más ambicioso, el Gobierno podría establecer un programa más amplio, no necesariamente de incentivos fiscales, destinado a facilitar el desarrollo de iniciativas privadas de cuido de niños, adolescentes y adultos mayores, que les permita a muchas mujeres liberar tiempo para dedicar al estudio, en algunos casos, y al trabajo.
En Chile se subsidian a las empresas que contratan a mujeres económicamente vulnerables. En México y Perú se han creado programas de transferencias monetarias condicionadas para que las madres en condiciones económica precarias puedan iniciar negocios o emplearse. En este sentido, en Costa Rica se podría utilizar una pequeña parte de los dineros del programa Banca para el Desarrollo para generar un esquema de avales de microcréditos focalizado en mujeres emprendedoras y madres en condición de vulnerabilidad, pero que tienen el deseo y la capacidad de prosperar económicamente.
En síntesis, mucho se han discutido en nuestro país sobre el proceso de envejecimiento, el agotamiento del bono demográfico y su efecto sobre las pensiones y las finanzas públicas. No obstante, Costa Rica tiene una oportunidad si se logra aprovechar el bono de género, o sea la posibilidad de incrementar la participación de la mujer en los mercados laborales y mejorar su capacidad para generar ingresos. Esta oportunidad se manifiesta como un crecimiento potencial desde el punto de vista productivo y el acceso de las mujeres al crédito es una herramienta financiera fundamental para alcanzar este propósito.