C osta Rica es uno de los países del mundo que más invierte en educación respecto de su nivel de ingreso. En el 2015 el gasto en este campo se estima en 7,36% del Producto Interno Bruto (PIB).
Al presupuesto del MEP, que crece de manera acelerada en comparación con el presupuesto nacional, hay que agregar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el presupuesto del INA y una inversión masiva en educación privada básica y superior.
Con esta evidente vocación por invertir en educación cabe preguntarse cómo es que nuestro país está rezagado en su tasa de graduación de secundaria, de acceso a educación superior de calidad y de disponibilidad de capital humano calificado.
A nivel del MEP el gasto creciente resulta en una tasa de graduación de secundaria que apenas si mejora, sin que se produzca un cambio significativo en la calidad de la educación. La evidencia muestra que nos encontramos rezagados en educación con respecto a naciones con las que competimos, particularmente ahora que nuestro marco de referencia es la OCDE.
Queda también claro que existe una gran brecha entre las mejores y peores escuelas y colegios a nivel nacional, con la situación más difícil concentrándose en áreas costeras y fronterizas, particularmente en la región Caribe.
Según el Índice de Pobreza Multidimensional, la situación es particularmente difícil para la población más pobre pues los adultos no tienen la formación que requieren para emplearse productivamente, existe una alta tasa de exclusión entre sus niños y adolescentes, y la tasa de rezago y repitencia relativa a la edad es muy alta. En estas circunstancias la educación no actúa como el instrumento de movilidad social que debe ser.
La enseñanza de segunda lengua, el desarrollo de destrezas tecnológicas y la capacitación técnica –en los que se han invertido recursos masivos por mucho tiempo– se presentan débiles en general y en relación con los perfiles de capital humano que requiere el país para seguir avanzando en productividad y atracción de inversiones.
La reforma necesaria para mejorar esta situación no requiere de más dinero, sino de un uso mucho más sensato de lo que ya se invierte. El enorme presupuesto debe invertirse en un sistema mejor estructurado, con mayor acceso para los pobres y con una calidad alta y uniforme en las diversas regiones del país.
Hay que fortalecer el sistema completo: las juntas de educación de las escuelas y colegios, las capacidades y destrezas de los directores, la formación y actualización de los maestros, el alineamiento de los programas con las necesidades de crecimiento productivo del país, y la inversión en carreras modernas y relevantes en colegios técnico-profesionales, en el INA y en las universidades públicas y privadas.
Hay que formar niños y jóvenes felices y saludables, productivos, creativos y críticos, y a la vez responsables ante la familia, la comunidad, la nación y el planeta.
Lo anterior implica una verdadera revolución en el sistema educativo, lograr que las familias pobres reciban el apoyo financiero y social que requieren para empezar a cerrar las brechas, que las autoridades del sector se reúnan entre ellos y con las autoridades nacionales y empresariales para iniciar un proceso serio y profundo de fortalecimiento de la educación.
No hacerlo significa dejar en el maltrecho estado actual el principal instrumento de movilidad social, crecimiento de la productividad y progreso social con que cuenta una sociedad moderna: una educación de calidad a la altura de las necesidades de sus ciudadanos y economía.