El primer semestre de este año se caracterizó por la estabilidad sin crecimiento económico. La tasa de inflación fue baja, las reservas monetarias internacionales del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aumentaron y la confianza regresó a los mercados de bonos y divisas, pero el aumento de la producción no superó ni siquiera el crecimiento de la población y se incrementó el desempleo.
Nos preguntamos, ante este panorama, si el Central tendrá algún espacio en su política monetaria para apoyar el crecimiento de la producción. Al respecto nos planteamos varias reflexiones.
Ya el BCCR usó, durante el primer semestre, la política monetaria expansiva para promover el crecimiento económico. Esto lo hizo mediante la reducción de la tasa de interés de política monetaria y del porcentaje de encaje mínimo legal para los depósitos en moneda nacional.
También el Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) inició un proceso para flexibilizar la normativa bancaria y adaptarla a un contexto de desaceleración económica.
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Parece necesario que el Banco apoye el crecimiento económico, porque el nivel de la producción sigue por debajo de su potencial máximo y porque, como admite el mismo Central, existe el riesgo de no lograr ni siquiera el bajo crecimiento proyectado por esta institución.
El Banco Central tiene espacio adicional para flexibilizar la política monetaria (tasas de interés y encajes) con el propósito de contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo. ¿Por qué afirmamos esto? Por un lado, durante la semana pasada la Fed en Estados Unidos dio un paso importante en la dirección de reducir las tasas de interés. Esto permite mayor espacio en el ámbito local. Por otro lado, el BCCR proyectó, en su revisión del Programa Macroeconómico, que en el bienio 2019-2020 la inflación se ubicaría en torno al valor central del rango meta, de 3%, con riesgos sesgados a la baja.
El espacio de la política monetaria para impulsar el crecimiento y el empleo no es muy grande porque subsiste desconfianza en el rumbo de la economía. El riesgo más significativo está en las finanzas públicas. La reforma fiscal —aún y cuando se aplique al pie de la letra— no resuelve en forma inmediata y en su totalidad el problema fiscal. Esto significa que el Gobierno Central tendrá importantes necesidades de financiamiento; la gran pregunta es si tendrá la capacidad de lograrlo después de 2020.
Pero también hay un riesgo importante en la aplicación de la reforma fiscal. Diferentes grupos (CCSS, universidades públicas, sindicatos, pescadores, etc.) se han movilizado para ser excluidos de las nuevas normas fiscales. Si la reforma no se aplica en forma rigurosa —en especial, la regla fiscal— podríamos enfrentarnos a una pérdida de confianza que se manifestaría en el mercado cambiario y en las posibilidades de financiamiento del déficit fiscal. En este caso el Central tendría que endurecer su política monetaria.
El Banco puede tener un papel importante, por medio del Conassif y la Sugef, para enfrentar el problema de los hogares con excesos de endeudamiento. Sobre este fenómeno no hay información precisa, pero parece que hay segmentos de familias que tienen una carga financiera muy elevada y difícil de enfrentar en este período de desaceleración económica. Para salir de este problema se necesita de un delicado equilibrio entre proteger los ahorros del público y buscar soluciones para los hogares con excesos de endeudamiento. Esto requiere de normativa para que las entidades absorban las pérdidas por préstamos definitivamente incobrables, pero también la flexibilidad para reestructurar los préstamos de quienes tengan problemas transitorios pero buenas perspectivas en el mediano plazo para salir adelante con sus deudas.
Pero no debe perderse de vista, que el BCCR no puede echarse sobre sus hombros toda la tarea de reactivar la economía. En el primer semestre la ejecución de inversión pública se quedó por debajo de la estimación realizada en enero por el Central. Este rubro disminuyó en el primer semestre con respecto a igual período del año pasado.
La mayoría de la reducción de obra pública obedece a atrasos de tipo burocrático, aún y cuando existían los recursos para realizarlas. Este no es un fenómeno nuevo, pero llama más la atención en estas épocas de desaceleración. El Poder Ejecutivo debería dar cuenta de estos atrasos y proponer soluciones de corto plazo.
En conclusión, la política monetaria del Banco Central tiene todavía margen para apoyar la reactivación de la producción y del empleo. Pero no nos engañemos el margen no es muy grande. Esperamos que el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de llevar a cabo un programa mínimo de obra pública para el resto de la administración. Nótese que estamos pensando en una agenda mínima, ya que prácticamente perdimos la esperanza de una agenda amplia de reforma económica.