Los acontecimientos de esta última semana resaltan la crisis de la representación política, el cansancio de la población con la pandemia y la mala gestión política gubernamental.
Que exparlamentarios caducos y obsoletos pretendan, desde la calle, arrogarse la representación sin pasar por el proceso electoral configuran graves delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, agravados por la posible comisión de apología del delito .
Se trata de una ruptura muy seria con la democracia representativa. El débil poder ejecutivo ha cometido errores, pero es un gobierno legítimo que llega al poder por la vía de los votos y no de las barricadas callejeras.
Carlos Alvarado fue electo por la vía constitucional y las reglas constitucionales deben ser respetadas. En ningún artículo de la Constitución se reconoce la democracia de la calle, invento de populistas y de políticos trasnochados y resentidos con un pueblo que se negó a elegirlos en su oportunidad y que ahora pretenden evadir su responsabilidad por los graves disturbios, achacándoselos al narcotráfico, sin hacer las denuncias pertinentes y aportar las pruebas.
Esa denuncia solo pretende evadir su papel de mascarón de proa de fuerzas que pretenden adueñarse de un movimiento que encuentra raíces en el cansancio de las restricciones y el desempleo.
El país está convulsionado por las disfunciones de las finanzas públicas, potenciadas por la pandemia. Más de mil costarricenses han muerto y cientos de miles han perdido sus empleos. El camino que se abre es sanear las finanzas, reactivar la economía y recortar el gasto.
Simultáneamente debe gestionarse la emergencia sanitaria que tiene consecuencias sobre las finanzas, pero es una dinámica diferente, dictada por la ciencia médica articulada con la política. El equilibrio entre ambas dimensiones constituye el gran reto de todos los países, es un tema para economistas, virólogos y epidemiólogos que debe ser zanjado con el ejercicio responsable de la política, criterio experto más decisión política informada y clara.
Ante los retos no existe unanimidad sobre las vías para aliviar la carga de la deuda, ni sobre cómo incrementar los ingresos. Tampoco hay acuerdo sobre la venta de activos estatales y el recorte del gasto en el aparato estatal, menos aún sobre cómo atraer inversiones que reactiven la economía y generen empleo.
Frente a los desacuerdos y la extendida protesta social, violencia criminal incluida, el llamado del gobierno al diálogo es pertinente. Sin embargo, surgen nuevas dudas sobre los requisitos necesarios para sentarse a la mesa presidencial y dialogar.
¿Cuál es la agenda del dialogo presidencial?, ¿quiénes son los invitados? Ha quedado claro que algunos actores rechazan el diálogo bilateral del presidente y esperan un dialogo multisectorial, aunque los más radicales, los que promueven los bloqueos sólo quieren dialogar ellos y que se excluya a quienes no sean parte del difuso rescate nacional.
La posición maximalista de rechazo frontal a negociar con el Fondo Monetario Internacional o al aumento los ingresos vía ajustes en la carga tributaria, no es de recibo.
Por otra parte, algunos sectores ajenos a la protesta siguen e insistiendo en la reforma general del estado sin precisar con claridad que incluyen en ella. ¿Reformas a las instituciones políticas?, ¿constituyente?, ¿disminución radical del tamaño del estado? Estado pequeño o grande es un enfoque simplista, lo importante es que el Estado sea eficiente y eficaz, un Estado inteligente. El cambio radical haría que fuese peor el remedio que la enfermedad, desarticulando más la sociedad y generando mayor resistencia.
El paquete de impuestos ha sido rechazado por la ciudadanía, aunque algunos de ellos, reformulados, podrían aliviar la carga. Ciertos activos estatales podrían ser negociados como la venta de parte de la cartera del Instituto Nacional de Seguros, sin vender la institución.
La ampliación al sector privado de la generación eléctrica en energía solar y eólica, atraería nueva inversión extranjera que contribuiría a la reactivación de la economía. La fusión de los bancos comerciales del estado ayudaría en la reducción de la burocracia, y el cierre de instituciones desconcentradas y sin control, con una movilidad laboral inteligente, también ayudaría. La renegociación de la deuda del Estado con las instituciones públicas para bajar los intereses actuales es otro de los caminos posibles.
El país no está para una constituyente, ni para una reforma general del aparato estatal, la salida debe ser por medio de reformas estratégicas encadenadas entre sí, pretender cambiarlo todo podría desarticular todavía más a una sociedad con su tejido social desgarrado por la pandemia. Las manifestaciones de inconformidad de estos días reflejan esas rupturas, un malestar legítimo, desnaturalizado por políticos gastados, resucitados del sarcófago de la historia. Bienvenida la investigación de la fiscalía que siente las responsabilidades penales de estos aprendices de brujos.
El momento actual está para la sabiduría y la prudencia pues lo que está en juego es el destino de una democracia pluralista, donde todos tenemos el derecho de protestar pacíficamente, de expresar nuestro descontento pero no de imponer nuestros intereses particulares sobre el interés general que debe ser determinado en el diálogo abierto con las fuerzas políticas y sociales más amplias, los movimientos sociales espontáneos no pueden ser excluidos de la deliberación, pero deben aceptar sentarse a la mesa con solidaristas, cooperativistas, sindicatos y cámaras, nadie puede arrogarse la representación popular. Los únicos que gozan de ella son nuestros representantes electos, la salida de la crisis es en la institucionalidad.
Las discusiones ideológicas quedan atrás, la competencia doctrinaria ha sido sustituida por la rivalidad entre grupos de interés que pretenden mantener el statu quo que les beneficia, esto no es posible.
Tenemos que cambiar ante la magnitud de los retos, lo que implica que todos tendrán que hacer concesiones para insertarse en una nueva realidad, no desechando la totalidad del pasado, pero renunciando a algunas de sus ventajas para construir un futuro mejor.
Al Poder Ejecutivo corresponde organizar ese dialogo con sentido de amplitud y sin crear la sospecha de que los encuentros bilaterales son un mecanismo para manipular y desarticular el malestar social, pues algunos sectores se negarán a participar en los procesos de escucha y negociación posterior, encendiendo aún más la hoguera.
Claridad sin ambigüedades es el reto.