Costa Rica es una economía en la que algunos sectores productivos –servicio doméstico, seguridad privada, construcción, y la cosecha y zafra de diversos productos de nuestro campo– dependen de la disponibilidad de mano de obra inmigrante, sea fija o temporal, para mantener su capacidad de producción y competitividad en costo, pues no hay trabajadores locales suficientes ni inclinados a dedicarse a estas labores.
La lógica sugiere que, dado que estos sectores son de alta importancia para nuestra economía exportadora, para el desarrollo de infraestructura y hasta para mantener la calidad de vida, el país debería contar con un proceso de inmigración legal, concesión de residencia y emisión de permisos de trabajo ágil y altamente descentralizado.
Empero, lo que la lógica sugiere y lo que de verdad ocurre, se encuentran separados por una brecha de burocracia, ineficiencia, desidia y hasta corrupción que hace que los trámites de legalización de esta indispensable fuerza laboral sufra retrasos injustificables, haga incurrir a empresas e inmigrantes en enormes costos de transacción y resulte en que muchos prefieran –o deban para subsistir– quedarse en la ilegalidad para llevar sustento a sus familias o enviar remesas a su país.
Según EF, en Migración y Extranjería hay más de 20.000 expedientes esperando resolución. Los trámites, que en teoría deben tomar como máximo 60 días –aun excesivo–, y que no siempre resultan en un dictamen positivo, hoy toman bastante más de un año. Si el proceso real se analiza con mentalidad ingenieril de tiempos y movimientos, aun con las “esperas” para realizar chequeos con instituciones externas, no debería tomar más de unas pocas horas –tal vez un par de días– en el peor de los casos.
La explicación del Ministerio de Hacienda es que se trabaja con el personal mínimo como consecuencia de la crisis fiscal y el congelamiento en las contrataciones, pero la realidad es que esto opera en esta forma desde hace varios años, cuando no se daban estas condiciones.
Si es grave esta situación a nivel de obreros de baja calificación, la situación no es muy diferente cuando se trata de ejecutivos, lo cual impacta aun más en la competitividad de las empresas y organizaciones contratantes.
Se conocen casos de gente que llegó, trabajó en un “limbo legal” –muchas veces viajando y regresando para estar legales en el país– por hasta un año y más, y luego fueron trasladados sin que su permiso de trabajo se llegara a emitir. Esto quiere decir que el ejercicio de control que se realiza es totalmente inefectivo, pues no detiene ni el ingreso ni el trabajo de los extranjeros, pero sí lo encarece y le hace perder productividad real.
Como en tantos temas de nuestro país, hay que preguntarse con seriedad qué se gana y quién gana con estos excesos burocráticos. Si pierden los extranjeros, las empresas y el país, ¿qué puede justificar que no se hagan los ajustes necesarios al sistema? Si son leyes obsoletas, ¿qué estaremos esperando para mejorarlas?
Y para peor de males, funcionarios de otras carteras de gobierno, en vez de exigir el cambio, simplemente justifican o restan importancia al asunto con una actitud de que en Costa Rica no hay crisis ni en esto, ni en nada.
Este ridículo y vergonzoso caso de Migración es tristemente ilustrativo de los excesos de nuestra burocracia, de la desidia de nuestros dirigentes institucionales y de la apatía de nuestros ciudadanos por exigir cambios indispensables para nuestro bienestar y productividad.
Y seguimos adelante, hasta que nuevamente toquemos fondo, como en 1981. Solo el colapso general de la economía y el empleo fue capaz de generar un cambio de sistema. ¿Será eso lo que requerimos para reaccionar?