Muchas veces nos hemos referido a las serias limitaciones que evidencian las instituciones públicas, al punto que su disfuncionalidad arriesga con debilitar nuestra fe en la democracia.
El mal se esparce sobre la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Gobierno Central, los órganos de control y en muchas de las entidades autónomas, hasta que, en el gobierno anterior, la Presidenta de la República convocó a un grupo de expertos para que hiciera una propuesta concreta para mejorar la gobernabilidad democrática.
En el informe de dicho grupo de expertos, emitido a inicios del 2013, se subrayaba que “en aras de la eficiencia y probidad administrativa y la disminución del gasto público para la pronta satisfacción de los intereses públicos, se recomienda la profunda reestructuración (...) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”.
Y agregaba que “en el caso de este Ministerio, considerar el eventual cierre del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Consejo de Transporte Público (CTP), conforme al ordenamiento jurídico”.
Durante la campaña política, el entonces candidato Solís Rivera hizo suya la recomendación y prometió que desde el día uno de su gobierno cerraría los órganos mencionados.
Esa decisión se justifica en la desvinculación existente entre quien tiene la responsabilidad política de sacar adelante la agenda de gobierno (el ministro) y quienes en la práctica tienen la potestad para tomar decisiones, dado que, como órganos con desconcentración máxima, por ley, no están subordinados al jerarca y el ministro no puede avocar sus competencias, ni revisar o sustituir las decisiones de estos órganos. Tampoco puede girar órdenes, instrucciones o circulares.
Las buenas intenciones originales –de separar las decisiones de estos órganos desconcentrados de la influencia política– se han visto truncadas por la manera en que se integran sus consejos directivos, al sentar en ellos a los representantes de los sectores afectados.
Este evidente conflicto de intereses es totalmente improcedente y por esto, sin duda, la receta resultó peor que la enfermedad, porque allí se halla la raíz de muchos de los problemas que hoy enfrentamos, incluidos los que sufre el sector de transporte público, epítome de la inoperancia, el clientelismo y el gremialismo exacerbado.
No extrañan, entonces, las reiteradas artimañas para impedir, una y otra vez, en el seno mismo del Consejo de Transporte Público, los cambios propuestos en las rutas intersectoriales o en el pago electrónico, ni que se muestren debilidades inaceptables en los mecanismos de fiscalización y control de calidad de este servicio público tan esencial.
Tampoco sorprende que le hayan torcido el brazo al Presidente de la República, forzando la salida del viceministro Urbina, abanderado de dichas transformaciones en este gobierno, para sustituirlo por alguien más cercano a las necesidades de los sectores.
La crisis del transporte público tiene un origen de orden institucional que debe ser corregido.
Los proyectos que ya conoce el Congreso son una buena base de discusión. No hay razón válida alguna para seguir con el vergonzoso sistema que tenemos.