Pese a la resistencia de algunos grupos sindicales –afortunadamente cada vez más solos en sus posiciones– se empieza a notar algún avance en el tema de los salarios de los empleados públicos.
A la importante posición que adoptó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) al no aprobar la incorporación de algunos beneficios salariales como parte de los costos para el cálculo de las tarifas –notablemente en Recope– se unen ahora decisiones, algunas adoptadas años atrás, que muestran que algunas instituciones y aún algunos empleados públicos a título personal, se han empezado a movilizar hacia un sistema de salario global inclusivo que tiene impactos significativos e inmediatos sobre los costos laborales de las instituciones.
Una vez que se implementa el cambio de un salario cargado de pluses e incentivos –muchos de los cuales se aplican de oficio y no en respuesta a evaluaciones serias del desempeño de cada trabajador– los efectos positivos son inmediatos como lo mostró la publicación sobre este tema en la edición anterior de EF.
En la misma Aresep, que parece haber tomado liderazgo en este importante tema, desde 2008 se implementó un esquema de salarios globales. Mientras en el 2008 esta institución gastaba un 34% de su presupuesto en remuneraciones en los incentivos de antigüedad y prohibición, en el 2014 esos pluses representaron solo un 14% de las remuneraciones totales. Una reducción del 60% y la más grande entre todos los entes analizados, que incluyeron otras tres instituciones: Banco Central, Contraloría General y el Banco de Costa Rica.
Hay otras instituciones que han empezado también a implementar esquemas de salario único: Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y Radiográfica Costarricense.
Llama la atención, en el sentido más positivo, que sean nuestras instituciones de control y del sector financiero donde este movimiento inicia. Igualmente debe llamar la atención que ninguna entidad del Poder Ejecutivo haya avanzado un proceso de cambio en este sentido, lo que lleva a dudar sobre la verdadera autoridad y distribución de poder en los ministerios.
Tampoco se ve cambio en ninguna de las grandes entidades productivas del Estado –Recope, ICE e INS, entre otras–, cuando son ellas las que de manera más directa afectan el bolsillo de los costarricenses.
Es sin duda positivo que las entidades reguladoras y de control sean las primeras en avanzar en este campo, pues les da autoridad real y moral para exigir cambios en los sistemas de cálculo de tarifas y de sistemas de compensación en las instituciones que están llamadas a controlar.
Es muy lamentable que el liderazgo no venga de los poderes del Estado y que más bien hayamos visto recientemente cómo en el Poder Judicial, por ejemplo, se afianzan beneficios injustificables en lo que constituye un claro conflicto de interés pues en este caso se fue –muy literalmente– jueces y parte de la decisión que debían tomar.
Pero el cambio está en marcha. Es imperativo ahora mantener presión sobre el sistema para que poco a poco vaya cediendo hasta llegar, como proponía nuestro editorial trasanterior, a un sistema de compensación en el sector público que premie el valor productivo y social creado en cada puesto de trabajo en vez de reflejar la negligencia, incapacidad de negociación y abusos de poder por parte de quienes en el pasado definieron la estructura salarial de la mayoría de nuestras instituciones.