E l XXI Informe del Estado de la Nación, dado a conocer la semana anterior, destaca la muy baja efectividad mostrada por el actual Gobierno en su accionar legislativo: en el 2014, de los 315 proyectos convocados por el Poder Ejecutivo, únicamente ocho pudieron llegar a feliz término, lo que representa la tasa de productividad más pobre de los últimos 25 años.
Ciertamente hay razones objetivas para esos resultados. Por un lado, la entronización del multipartidismo ha significado una fragmentación de nuestra Asamblea Legislativa, en donde cunden las bancadas con un número de diputados insuficiente para tomar decisiones por sí mismas o con la colaboración de unos pocos partidos.
Igualmente, el reglamento legislativo vigente –diseñado para un régimen bipartidista– dificulta la toma de decisiones, prolonga excesivamente los procedimientos y premia el filibusterismo. Esa realidad política la han vivido los cuatro gobiernos anteriores y ha sido una de las razones por las que reiteradamente se ha abogado por cambiar las reglas de juego, de manera que se desincentive la proliferación de minipartidos legislativos, se faciliten los acuerdos y se permita una toma de decisiones oportuna.
Pero la situación se agravó porque la actual fracción de Gobierno es todavía más pequeña que en ocasiones anteriores –incluso más pequeña que la principal bancada de oposición–, y porque se optó por una errada estrategia legislativa que la llevó a formar alianzas con el Frente Amplio, un partido de izquierda que poco representa el sentir de la mayoría de los costarricenses, aún cuando coyunturalmente haya obtenido un número inusual de curules.
Esa alianza implicó que las otras fracciones se vieran distanciadas del accionar del Gobierno, al punto de que se llegó a consolidar un bloque de oposición para tomar el directorio legislativo, como en efecto sucedió en mayo pasado. La actitud confrontativa y excluyente del Gobierno fue un catalizador para que ese bloque se forjara.
A lo anterior debe sumársele –como hoy es evidente para una mayoría– que el gobierno de don Luis Guillermo Solís no tiene ni la menor idea de hacia dónde pretende llevar al país, no tiene claras sus prioridades ni la responsabilidad que pesa sobre sus espaldas, y mucho menos cuenta con un equipo capaz y experimentado que le permita hacer avanzar de manera efectiva una agenda legislativa o de cualquier otra naturaleza.
Esta falencia es particularmente notoria, aunque no exclusiva, en la gestión política, por lo que la responsabilidad apunta al propio presidente de la República y a su ministro de la Presidencia, cuyo relevo reciente en nada cambió la sensación de vacío e indolencia que prevalece.
Si, como concluye ese mismo informe, este gobierno favorece un modelo similar al promovido por gobiernos anteriores, entonces lo que corresponde es que busque acuerdos con los partidos afines a ese modelo, depure una agenda de trabajo realista, y se decida avanzar sin temor con el objetivo de dar certidumbre, reactivar la economía y generar empleo de la mano de la iniciativa privada. De no hacerlo, el desencanto ante un gobierno ya débil e impopular podrá llegar a convertirse en algo inmanejable. Para eso, sin embargo, es necesario que en Zapote empiecen a tomarse las cosas en serio.