E l Financiero , como un medio costarricense especializado en economía y finanzas, se siente obligado a editorializar, una vez más, sobre el problema fiscal del país; así lo hicimos en nuestra edición anterior. Consideramos que este es un asunto de vital importancia para el crecimiento, la estabilidad y la equidad. Se trata de un problema recurrente, que se repite una y otra vez de forma cíclica sin solución permanente.
Ha existido en Costa Rica una recurrente demagogia en materia fiscal.
El sistema político –ya sea el antiguo bipartidismo o el actual multipartidismo– ha sido abundante en promesas sin contenido económico. Las campañas electorales han sido pródigas en ofertas, en las reformas a la Constitución Política se han creado derechos y obligaciones de gasto (por ejemplo, el 8 % para la educación pública) y en las leyes se distribuyen ingresos que el Estado no tiene y se asumen compromisos sin financiamiento alguno.
La demagogia fiscal incluye también las promesas de no aumentar los impuestos.
El Estado en forma recurrente ha estado sujeto a intereses particulares. Dos ejemplos sobre este tema. Las organizaciones sindicales del sector público han logrado esquemas de remuneraciones financieramente insostenibles y sin ningún tipo de evaluación de resultados. En materia laboral, la parte débil en la relación entre los sindicatos del sector público y el Estado ha sido este último. El Estado, bajo amenaza de huelgas y bloqueos de vías públicas, ha tenido que ceder ante las “reivindicaciones” de la burocracia pública.
Según las dos últimas Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares, el incremento de la desigualdad en las remuneraciones en el país entre 2004 y 2013 se explica parcialmente en el extraordinario aumento de los salarios del sector público.
Otro ejemplo de la preponderancia de los intereses particulares sobre el bien común es el proyecto de ley que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa para usar fondos públicos en la condonación de deudas de un grupo de empresarios turísticos autodenominados “pequeños empresarios”. También podríamos mencionar los sectores que han estado exonerados en el pago de impuestos.
La política de “tirar la bola” para el otro lado ha sido usada recurrentemente para evitar la solución del problema fiscal. Los sindicatos le echan la culpa a los empresarios y viceversa. Los gobiernos y la oposición, independientemente de los actores, se han lanzado las culpas del tema fiscal.
Por ejemplo, en la edición de EF de la semana pasada (No. 1024) el ministro de Hacienda, Helio Fallas Jiménez, le “tira la bola” a la oposición en materia de recorte del gasto.
Lamentablemente, cada administración que ha llegado a Zapote ha hecho apenas el mínimo esfuerzo para que el déficit fiscal no reviente en sus manos y que sea la siguiente administración la que enfrente este serio problema.
Las excepciones a la conducta anterior fueron los proyectos de reforma fiscal de las administraciones del presidente Pacheco y de la presidenta Chinchilla que encallaron por aspectos de procedimiento legislativo en la Sala Constitucional.
No hay avances significativos en lograr una mayor eficiencia del gasto. Los maestros se contratan sin evaluar su capacidad, el Ministerio de Cultura despilfarra millones por impericia burocrática, el Poder Judicial no “produce” de acuerdo con el incremento de recursos y la infraestructura no se construye aunque se tengan los recursos financieros. En el Ministerio de Hacienda los sistemas recaudadores de impuestos de la Dirección de Aduanas no se “comunican” automáticamente con los de la Dirección de Tributación para poder hacer control cruzado y evitar la evasión.
En EF nos parece que resulta totalmente inadmisible el paquete de impuestos propuesto por la administración del presidente Luis Guillermo Solís Rivera, si no hay cambios sustanciales para tener un mejor perfil del gasto público. No se puede demandar un sacrificio a los ciudadanos, trabajadores y empresarios, si no hay primero una evidente y sostenible mejora en el uso de los recursos públicos.
En 1990, el prestigioso economista estadounidense Arnold Harberger se sorprendía de la capacidad de Costa Rica para encubrir y “parquear” el déficit fiscal. Desde esa fecha hemos avanzado en la transparencia de las cifras fiscales, pero seguimos buscando nuevas formas de “parquear” el déficit sin reducirlo.
En los últimos años logramos “parquear” el déficit en el exterior mediante la colocación de bonos. Esto ha permitido posponer las soluciones, pero ha llevado a un incremento del peso de la deuda pública.
En conclusión, el país ha sido recurrente en evadir una solución permanente de la situación fiscal. Lamentablemente, tampoco vemos en la administración del presidente Solís un plan viable para reducir el déficit fiscal. ¿Hasta cuándo tendremos tiempo?