Costa Rica se ha forjado una imagen como nación ambientalista, comprometida con la protección de sus recursos naturales y la aplicación de avanzadas e innovadoras políticas relacionadas con estos.
Las políticas nacionales de protección de tierras de alto valor ambiental y de reforestación, así como la participación efectiva del país en foros internacionales, han impulsado esta imagen.
Pero el país internamente se sabe menos que eficaz en la solución sus problemas ambientales. La contaminación de algunas de sus principales cuencas hidrográficas, el pobre manejo de los desechos sólidos, la contaminación del aire en las principales ciudades y malas prácticas de pesca en sus aguas, muestran que aún hay mucho por hacer para ser una nación ambientalmente sostenible.
Una de las principales causas de esto es la distancia que existe entre el discurso oficial y las preferencias de los ciudadanos con las prácticas cotidianas del Gobierno y de la población. Aunque el discurso ambientalista es bastante fuerte, como lo demuestra la encuesta de EF de esta semana, las prácticas efectivas muestran otra cosa.
En su discurso personal los costarricenses le dan una alta importancia al ambiente: para el 60% el ambiente es motivo de preocupación, un 25% lo considera uno de los principales problemas nacionales y un 61% se declara proactivo en el tema, pero queda la impresión de que estas son más intenciones que prácticas cotidianas.
La mitad de la gente cree –y parece que están en lo correcto– que las autoridades no ayudan a cuidar el ambiente, pues no existen los instrumentos que permitan “vivir lo que se predica”. Para tener el impacto para el que fueron diseñadas, las políticas deben ser instrumentadas. Esto quiere decir que se debe contar con la concientización, educación, infraestructura, incentivos y castigos que permiten llevar cada política a la práctica.
En Costa Rica se carece de mecanismos de recolección, separación, reciclaje y tratamiento de desechos, por ejemplo, para que se pueda reducir y hasta eliminar la basura en rellenos sanitarios, como ya ocurre en naciones avanzadas. Lo mismo ocurre con la instrumentación de políticas de consumo de agua, consumo de energía y otros temas de fondo. Existe el deseo y hasta la conciencia, pero no las políticas, reglamentos e infraestructura necesarios para facilitar que cada ciudadano pueda practicar el ambientalismo que profesa.
A nivel productivo, un 97% de los consumidores esperan empresas cada vez más responsables y productos cada vez más amistosos con el ambiente, pero lo que se exige difícilmente se practica en hogares y comunidades.
Las empresas tienen mucho que ganar a través de su responsabilidad ambiental pues un 79% de los consumidores prefieren productos elaborados responsablemente y un 47% favorece en sus compras a productos cuyas empresas se saben responsables. Sin embargo, la información disponible sobre las prácticas ambientales de las empresas es aún escasa y estos potenciales impactos solo los obtendrán aquellas empresas que comuniquen eficazmente sus políticas, prácticas e impacto ambiental.
Hay que cerrar la brecha entre discurso y prácticas ambientales. Las políticas vigentes deben ser adecuadamente instrumentadas para que alcancen los impactos esperados. Que no sea este otro asunto en el que paulatinamente el país se rezaga hasta llegar al promedio de las naciones de la región como nos ha ocurrido en otros temas en que, en el pasado, nuestro liderazgo regional era claro.