La prevención y control del lavado de activos en Costa Rica está a cargo de un amplio engranaje compuesto por varias instituciones. El papel del sector financiero es clave y abarca tanto a bancos y entidades financieras como a los reguladores, principalmente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Los bancos y entidades financieras deben actuar conforme a la normativa aprobada por esos reguladores.
Cuando en el sector financiero se detectan movimientos sospechosos, la normativa exige reportarlos al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de la Presidencia, que por ley tiene a cargo las políticas, planes y estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Al final de la cadena están las autoridades del Poder Judicial: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con sus funciones investigativas, la Fiscalía General de la República como órgano acusador y los jueces y tribunales en sus diversas instancias, encargados de dictar sentencia.
Para que la prevención y control del lavado de activos sean eficaces, las diversas instituciones del engranaje deben funcionar adecuadamente y contar con los recursos y herramientas técnicas y jurídicas necesarias.
Recientemente Warner Molina, fiscal general de la República a.i., en una comparecencia ante la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en la zona sur, hizo aseveraciones muy serias sobre el rol del sector financiero en este tema. Según Molina, se busca simplemente cumplir con una cuota de reportes de operación sospechosa (ROS) y a los bancos les conviene reportar malos clientes, que no son atractivos para ellos, mientras que el sistema es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero de origen ilícito. La mayoría de los ROS generan investigaciones judiciales que no llegan a nada, aseveró.
Las reacciones en el sector financiero ante esos comentarios fueron inmediatas. Reguladores y banqueros argumentan que se cumple con la normativa vigente y que el sistema se ha venido perfeccionando e incluso ha sido avalado por instancias internacionales.
Olger Calvo, fiscal adjunto de legitimación de capitales, destacó en entrevista a El Financiero dos áreas de mejora. En primer lugar, que las entidades financieras comuniquen cualquier transacción sospechosa en tiempos reales y sin dilación alguna, mientras los recursos estén disponibles, a efectos de activar el sistema judicial y lograr decomisar los recursos. En segundo lugar, la creación de una fiscalía de recuperación de activos, que se dedique de manera exclusiva a investigar crecimientos patrimoniales injustificados, utilizando la figura de capitales emergentes y con énfasis en el decomiso de los bienes sospechosos. Reconoce problemas en las investigaciones judiciales, aunque los atribuye a la complejidad de los casos y a falta de personal suficiente y especializado.
En el 2020, el ICD envió 266 informes a la Fiscalía por la suma de $109 millones, con un total de 682 personas reportadas de diferentes nacionalidades. En el primer semestre del 2021 ya fueron enviados 120 informes por más de $90 millones. De los bancos y entidades financieras, el ICD recibió un total de 444 ROS por $241 millones entre enero y agosto de este año. Como puede apreciarse, los montos involucrados no son menores.
Según los expertos, el principal reto que se enfrenta es la rápida transformación del delito, que desarrolla cada día nuevas modalidades, y la rápida disposición de los fondos ilícitos. La tendencia es la persecución patrimonial, incluso desligada de una condena penal. Así lo enfoca el proyecto de ley que se discute hace varios años sobre extinción de dominio, que se ha visto frenado por la polémica. En todo caso, ya existe en la legislación la figura de capitales emergentes, que también permite la persecución patrimonial en este tipo de delitos.
En enero próximo entrará en vigor el reglamento SUGEF 12-21, una nueva normativa en esta materia que va en línea con el enfoque de supervisión financiera basada en riesgos. Los bancos y entidades financieras deberán definir perfiles de riesgo de sus clientes, exigirles periódicamente justificar el origen de los fondos y contar con sistemas de monitoreo apropiados. Ahora tendrán más flexibilidades para definir sus propios estándares y mecanismos de prevención y monitoreo. Se contempla también el funcionamiento de un centro de información administrado por la Sugef con datos de todos los clientes del sistema financiero.
Es necesario mejorar la eficiencia y eficacia del sistema en su conjunto y los filtros del sector financiero son siempre perfectibles. Pero poco se logrará si el ICD carece de recursos suficientes o si las investigaciones y procesos judiciales siguen tardando años y no logran concretar a tiempo el decomiso de activos de origen ilícito. La implementación de la nueva normativa SUGEF 12-21 ofrece una gran oportunidad para buscar un mejor entendimiento entre todas las piezas del engranaje, que lleve a un sistema de prevención, detección y sanción más efectivo.