Ha pasado otro gobierno en que, a pesar de unos pocos logros –la mayoría aún inconclusos– la infraestructura sigue siendo una pesada ancla en el proceso de desarrollo del país.
Más bien, en estos cuatro años se han sufrido embarazosos problemas y fracasos en este tema, pues los fiascos sufridos con la famosa platina, el hundimiento de alcantarillas en la General Cañas y en el anillo periférico cerca de Hatillo; el fracaso con la construcción de la trocha en la frontera norte, y la cancelación de la concesión de la carretera interamericana en su tramo aeropuerto-San Ramón, evidencian que pese a los esfuerzos realizados la institucionalidad del sector de infraestructura sigue colapsada, sin credibilidad ante ciudadanos y productores, y afectando nuestra competitividad y calidad de vida.
La rotación de ministros al frente del MOPT, el arresto por presunta corrupción de unos pocos funcionarios de ese ministerio y sus dependencias, y la oposición abierta de la población organizada y sindicatos en pro de frenar las obras y contratos que no les parece cómo se han planificado y negociado, son síntoma de un sector en que se ha perdido la capacidad de planificación y ejecución de proyectos, y el control necesario para ofrecer puntualidad, calidad y transparencia en la gestión de las obras.
De cara al próximo gobierno y en lo que resta del actual, hay prioridades marcadas que son a la vez importantes, pero insuficientes para cerrar la brecha que hemos dejado crecer a lo largo de más de dos décadas en que el desarrollo de la infraestructura viene rezagada con respecto al proceso de desarrollo productivo y social del país.
Está en marcha una reorganización del Conavi, pero representa apenas un tímido esfuerzo en un reorganización que debe ser profunda y a nivel de todo el sector y que redefina al MOPT como el ente rector del sector que debe ser.
En cuanto a prioridades concretas se deben abordar cuatro temas de fondo. Primero, la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida y seguridad de todos los costarricenses, que implica pasos a desnivel, puentes peatonales, ampliación de vías claves y sectores de estas y fortalecimiento de todo el sector de transporte público, incluyendo la expansión del ferrocarril urbano, interurbano y eventualmente de acceso a los puertos.
Segundo, la infraestructura vial para mejorar la competitividad y seguridad logística, hacer más competitivo todo el transporte de carga, y para asegurar acceso adecuado a todas las regiones productivas del país.
Tercero, es clave concluir exitosamente la concesión de la ampliación del puerto de Moín, ampliar la capacidad del puerto de Caldera, clave conforme el país expande su relación comercial con la cuenca del Pacífico, y asegurar acceso logístico de calidad y capacidad adecuadas a las necesidades de nuestros exportadores e importadores.
Cuarto, hay que avanzar en la infraestructura aeroportuaria ya que la capacidad actual y de crecimiento son insuficientes para manejar el flujo actual y futuro de pasajeros y cargas. La conclusión de un plan y red nacional de desarrollo aeroportuario, con visión de largo plazo y calidad de primer mundo, es clave pues para el final del próximo gobierno se habrá excedido ampliamente la capacidad de la infraestructura actual.
Todo un reto en que se ha fracasado repetidamente en las últimas décadas, pero que, con el inicio de un próximo gobierno vuelve a presentarse la oportunidad de corregir el rumbo.
Esperemos que así sea.