Uno de los temas más importantes que se manejan hoy a nivel de organizaciones y gobiernos es la gestión del riesgo. Esto implica identificar los principales factores de riesgo que se ciernen sobre una nación u organización, proyectar posibles escenarios a futuro y , con responsabilidad, plantear cómo se mitigará su impacto.
Hay tres conceptos centrales para evaluar los riesgos: probabilidad de ocurrencia, magnitud de su impacto y grado de control que se pueda ejercer sobre cada riesgo relevante.
Costa Rica tiene hoy varios riesgos en su matriz; pero ninguno más importante que la profundización del déficit fiscal. La magnitud potencial de su impacto es enorme: inestabilidad económica, caída de la inversión, aumento de la inflación y tasas de interés, desempleo creciente y mayor pobreza.
La probabilidad de ocurrencia de esta crisis es alta dado que se ha fracasado repetidamente en aprobar alguna reforma fiscal importante en los últimos cuatro gobiernos. La presión interna por mantener y hasta aumentar el gasto es alta por parte de grupos de interés que privilegian el beneficio particular sobre el bien común, las tasas internacionales de interés tienden al alza y el Gobierno actual no termina de plantear un proyecto fiscal serio que proponga una reducción consecuente en el gasto antes de salir a solicitar nuevos y mayores tributos.
Para peor de males, la naturaleza ha aumentado las necesidades al combinar sequía en Guanacaste con colapso de la infraestructura en el Caribe y el Pacífico Sur, ambos con importantes impactos en la producción y la necesidad de atender las emergencias.
Para mitigar el riesgo fiscal, se requiere de liderazgo, credibilidad, coraje, creatividad y, sobre todo, un alto sentido de responsabilidad.
Es hora de que nuestros excelentes técnicos en economía, en conjunto con los empresarios responsables y el liderazgo político nacional, articulen una solución concertada al problema fiscal. Habría que señalar con claridad a quienes se opongan a los ajustes necesarios por ideología, egoísmo sectorial, temor al conflicto y al costo político, o por simple lucha por el poder, a quienes apuestan que el fracaso del Gobierno significa oportunidades electorales para ellos.
Se debe diseñar una política de austeridad y transparencia –no para recortar programas sociales, atención de las emergencias o inversiones que generan productividad–, sino para racionalizar el gasto improductivo y eliminar el desperdicio y el abuso, para enviar el mensaje de que el Gobierno actúa con responsabilidad, con lo cual se logrará el apoyo de múltiples sectores y de la población en general.
Cada día que pasa la probabilidad de que se produzca una crisis fiscal de alto impacto aumenta y la magnitud de su impacto potencial crece.
No es posible seguir postergando la acción en este campo y no basta con medidas básicas como el combate al contrabando que –aunque importantes en sí mismas– no resuelven el fondo de la situación.
Ha llegado la hora de actuar para mitigar este factor de riesgo. No hacerlo implica exponer el país a una crisis socioeconómica profunda que, con responsabilidad y coraje, se puede evitar.