Según la última publicación de las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica tendrá, en el año 2021, uno de los desempeños económicos más pobres del continente americano, solo detrás de Surinam, Haití y Nicaragua. Incluso, se menciona que esta lenta recuperación económica podría verse afectada por la lentitud en la vacunación contra la COVID-19 y el incremento en los precios internacionales del petróleo.
¿Por qué la economía costarricense crece tan poco? El mayor lastre de nuestra economía es la persistencia de un déficit fiscal creciente desde el año 2009, lo que ha llevado a un crecimiento exponencial e insostenible de la deuda pública. Como consecuencia, cada año una mayor porción del gasto público se dedica al servicio de esta deuda, en detrimento del gasto social y en infraestructura, lo cual a su vez explica los problemas de competitividad del país y el incremento en la desigualdad en la distribución del ingreso, contrario a lo que ha venido sucediendo en gran parte de América Latina.
El tema fiscal se agrega a otros problemas estructurales de la economía costarricense, como por ejemplo las elevadas cargas sociales sobre las planillas de las empresas, lo que ha provocado un incremento sostenido en la informalidad del país y un mercado laboral dual que arremete sobre los trabajadores menos calificados que son los que engrosan un sector informal de empleos precarios, en el mejor de los casos, y las cifras de desempleados, en el peor de ellos. No en vano, Costa Rica tiene la tasa de desempleo más alta de América después de Venezuela, al tanto que según el Índice de Competitividad Mundial, en cuanto a impuestos a los salarios, el país se ubica en la posición 127 entre los 141 países estudiados.
La economía pos-COVID. Es evidente que la pandemia del coronavirus llegó a complicar aún más las cosas. Por un lado, el Gobierno se encuentra en la encrucijada de proponer políticas de recuperación económica, para lo cual choca de frente contra una realidad fiscal que no le da espacio para implementar una política fiscal contracíclica. Por otro lado, el acuerdo con el FMI lo obliga a emprender una serie de reformas institucionales, que si bien son necesarias, pueden afectar la recuperación económica y la confianza de las empresas, ya de por sí bajas desde la aprobación de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de diciembre de 2018. Por ello, es prioritario emprender un plan de reactivación económica que trace una hoja de ruta, con objetivos claramente definidos y estructurados, con metas medibles y un seguimiento celoso, para brindarle seguridad a los agentes económicos de que el país está comprometido con la generación de empleo y el crecimiento económico.
¿Qué debe contener esa hoja ruta? Lo primero es priorizar los temas de recuperación económica sobre las reformas de carácter institucional. Para ello, el Gobierno debe liderar el esfuerzo en la Asamblea Legislativa para acordar una agenda de proyectos de ley prioritarios que atiendan los efectos económicos de la pandemia sobre el tejido productivo del país. Por ejemplo, en la pasada edición de El Financiero (20-26 de marzo) se publicó un reportaje que da cuentas del retardo en la aprobación de la ley de creación del fondo de avales y el fracaso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones, que hubiera permitido proteger 30.000 empleos mediante el otorgamiento de estímulos económicos durante seis meses a 5.000 empresas del sector turismo, muchas de las cuales terminaron cerrando. Otra medida que sería de gran ayuda para el empresariado es una moratoria de requisitos legales para la constitución de negocios y su operación, como un preámbulo de un plan más ambicioso para eliminar el exceso de regulaciones, lo cual es otro de los elementos importantes que afectan la competitividad y el clima de negocios de nuestro país.
Como segunda parte de la hoja de ruta, para una implementación posterior a las medidas de recuperación económica, se deben incluir las reformas institucionales de mayor calado y que han estado flotando en el ambiente político durante décadas, lo cual por su complejidad, requerirá de acuerdos políticos más sólidos para superar la fragmentación de criterios y discusiones perennes en la Asamblea Legislativa. Nuevamente, el Índice de Competitividad Mundial nos sirve de guía para definir las áreas que tendrían un mayor impacto sobre la productividad de las empresas y el crecimiento económico. Dentro de estos está revisar las cargas sociales y trasladarlas a impuestos generales con el fin de abaratar la formalidad, capacitar al factor trabajo con problemas de empleabilidad y flexibilizar los contratos laborales, superar el rezago en infraestructura pública promoviendo las alianzas público-privadas, disminuir el costo de la regulación del gobierno, eliminar barreras no arancelarias especialmente entre productos de la canasta básica, y promover una reforma de las instituciones del Estado para racionalizar su tamaño mediante la eliminación de duplicidades y el establecimiento de medidas de desempeño con base en el cumplimiento de objetivos.
A pesar de lo descrito, como bien lo ha dicho el Banco Central, el éxito de la recuperación económica dependerá de la evolución que tenga la enfermedad en el país y el avance en la campaña de vacunación. De darse las condiciones, ello nos permitirá aprovechar los vientos de cola que llegan desde el exterior, pues la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Reserva Federal de los Estados Unidos, entre otros organismos, estiman que el mundo, y en especial nuestros principales socios comerciales, tendrán crecimientos económicos más dinámicos de los inicialmente proyectados, por lo que Costa Rica no debería quedarse atrás.