L a semana pasada el Ministerio de Hacienda presentó un documento denominado “En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para un Diálogo Nacional”, en cual advierte que, aun bajo supuestos optimistas, las finanzas públicas caminan hacia un profundo desequilibrio en el próximo cuatrienio. De mantenerse la tendencia actual, el Gobierno Central tendría en el 2018 un déficit del 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda pública superior el 50% del PIB.
El documento mencionado brinda un amplio diagnóstico de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y plantea la necesidad de una reforma fiscal del 3,5% del PIB.
El documento tiene la virtud de salirse del campo estrictamente financiero y abordar un conjunto de aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales de la acción estatal. Por ejemplo, plantea importantes discusiones sobre gobernabilidad fiscal; nivel y calidad del gasto; eficiencia y progresividad del sistema tributario; endeudamiento y financiamiento de la inversión pública y la relación entre la política fiscal y la sostenibilidad ambiental.
Posiblemente, es la primera vez que Hacienda hace un planteamiento tan comprensivo de los retos fiscales del país que van más allá del déficit financiero.
En nuestra opinión, el documento del ministro Édgar Ayales es una buena base para iniciar una discusión que conduzca a decisiones concretas de mejoramiento de la acción del Estado.
Esperamos que el documento sea estudiado por los diferentes grupos de la sociedad costarricense, que sea sometido a una crítica seria y profunda y que la sociedad, desde la diversidad de puntos de vista, sea capaz de construir acuerdos.
El camino de construir acuerdos no es fácil. Varias reformas tributarias se han quedado en el camino.
La visión propuesta por el ministro Ayales tiene la virtud de ir más allá de un simple aumento de impuestos. Esto es positivo, pero también más complejo, porque existen más frentes en el debate. Pero también es cierto que un manejo inteligente de los diversos aspectos de las finanzas públicas puede ayudar a construir acuerdos.
En nuestra opinión, ciertos elementos deben tenerse para avanzar por la ruta correcta.
Primero, las propuestas deben tener un equilibrio entre su solidez técnica y sus posibilidades políticas de aceptación.
Segundo, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Tercero, debe buscarse una visión de mediano plazo, esto quiere decir que transiciones de mediano plazo pueden ayudar a tomar decisiones.
Cuarto, debe lograrse un equilibrio entre los grupos sociales que representen la diversidad de opiniones e intereses y evitar que la discusión se polarice entre grupos extremos.
Quinto, debe integrarse la participación de los partidos políticos en la discusión, porque al final el escenario de la discusión será la Asamblea Legislativa.
Sexto, se debe evaluar las causas del fracaso de los dos últimos intentos de reforma fiscal para no cometer los mismos errores.
Y sétimo, el Ministerio de Hacienda debería contar con un equipo interdisciplinario de especialistas en diversos campos para enfrentar exitosamente el presente reto.
El proceso iniciado por Hacienda no debe ignorar la fragmentación y la pérdida de representatividad de estamento político del país. Estamos lejos de la Costa Rica del bipartidismo que dominó la política costarricense después de 1948. También hay crisis de representatividad y una gran fragmentación en las organizaciones de la empresa privada y de los trabajadores. Para complicar aún más las cosas, el actual gobierno no goza de amplia popularidad entre los ciudadanos.
Desde el periódico El Financiero creemos que, a pesar de las consabidas dificultades, vale la pena este proceso ya en marcha. Por esta razón, nos proponemos contribuir con lo que sabemos hacer: llevar información de calidad a nuestros lectores sobre el relevante debate nacional que se avecina.