El llamado ‘Black Friday’ (’Viernes Negro’), el día siguiente al de Acción de Gracias, que se origina en Estados Unidos y se celebra el último jueves de noviembre, se ha convertido en motivo de gran despliegue publicitario, promociones y descuentos en muchos países, incluyendo Costa Rica. ¿Qué tan reales son los descuentos? ¿Qué tan informados están los consumidores?
Para valorar la situación y los beneficios reales a que pueden aspirar los consumidores, visitamos varios comercios y se registró el historial de precios y descuentos desde setiembre hasta noviembre.
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Por la coincidencia este año con el Mundial de fútbol, las pantallas de televisión son uno de los artículos más buscados. Según datos de la Cámara de Comercio, en épocas normales en que el Mundial se celebra entre junio y julio, las ventas de pantallas han crecido hasta un 50%. La información recabada muestra que ninguna de las pantallas identificadas tuvo alzas en sus precios para el ‘Viernes Negro’. Sin embargo, en algunos casos el precio no necesariamente fue el menor que se registró durante los meses de observación.
Un patrón similar se observa en otros artículos, como hornos de microondas y consolas de videojuegos, según nuestro informe. En algunos casos, los descuentos para el ‘Viernes Negro’ no parecieran corresponder exactamente a los porcentajes anunciados, dependiendo del precio anterior que se utilice para comparar. En otros casos es dudoso que se dieran rebajas significativas a pesar de promesas de hasta un “20% de descuento”.
El ejercicio podría parecer casuístico. Sin embargo, tiene que ver con un tema de gran importancia, como es el balance entre la libertad de comercio y la protección del consumidor, tomando en cuenta que el consumidor tiene un derecho fundamental a obtener información precisa sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado.
La ley obliga a los comerciantes a informar suficientemente al consumidor, en español y de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan de forma directa sobre su decisión de consumo. La oferta y publicidad deben realizarse de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios, sus características, condiciones, contenido, utilidad o finalidad, de modo que no se induzca a error o engaño. Tratándose de promociones u ofertas especiales, debe indicarse el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o beneficio que, de aprovechar la promoción, obtendría el consumidor. La investigación de El Financiero sugiere que esto no siempre se hace de la forma más clara.
El suministro de información y la educación -más que las regulaciones estatales represivas- son medios eficaces para proteger al consumidor. El Estado debe asegurarse de orientar sus instituciones y procedimientos hacia ese fin. Si se observa el marco institucional y regulatorio actual, tiene grandes limitaciones que han sido señaladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sus informes.
Según la OCDE, entre los principales desafíos para la aplicación efectiva de la política del consumidor en Costa Rica, están la regulación desactualizada y la falta de conciencia sobre los derechos del consumidor. Señala que la Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, vigente desde 1994, es omisa en temas como nuevos mecanismos de pago, nuevos productos financieros, acciones colectivas, fraude transfronterizo y no promueve de forma suficiente las organizaciones de consumidores. En comercio electrónico, un tema esencial hoy día, se actualizó recientemente la reglamentación, pero subsisten lagunas legales y la necesidad de una mayor conciencia del consumidor sobre sus derechos.
El marco institucional es también una limitante. La Comisión Nacional del Consumidor y la Dirección de Apoyo al Consumidor, que forman parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), carecen de recursos suficientes y están saturadas. La resolución de una denuncia de un consumidor puede tardar varios años. Por otro lado, falta mayor coordinación con otras instituciones que tienen competencias regulatorias en temas relacionados con el consumidor, como los ministerios de Agricultura y de Salud y los reguladores del sector financiero y los servicios públicos.
Estas falencias institucionales son un ejemplo más de la confusión de prioridades de nuestro Estado. En labores que son de gran importancia las instituciones trabajan con las uñas, mientras que, por otro lado, subsisten instituciones inviables y programas duplicados o innecesarios, que consumen recursos importantes del sector público.
Es imperativo promover y facilitar el comercio que genera empleo y actividad económica. Épocas como la del ‘Viernes Negro’ abren oportunidades importantes para los consumidores. Pero también es esencial avanzar hacia un consumidor educado y bien informado, capaz de pedir explicaciones y exigir sus derechos. Las instituciones competentes deben organizarse mejor y disponer de recursos para educar al consumidor, vigilar los mercados y atender de forma más expedita denuncias por promociones inexactas, irrespeto a garantías y otras infracciones a la legislación. Queda mucho camino por recorrer en esta materia.