La inflación general de precios ha venido subiendo alrededor del mundo como consecuencia de los estímulos monetarios brindados por los bancos centrales de las principales economías. Estos incentivos monetarios buscaron contrarrestar la recesión provocada por el parón de la actividad económica ante las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del COVID-19. En el caso de los alimentos, el incremento en sus precios ha superado la inflación promedio y Costa Rica no ha sido la excepción.
En nuestra última edición, El Financiero dio cuenta de que el incremento en el índice general de precios al consumidor (IPC) fue de 7,15% en el último año, mientras que el componente de alimentos de dicho índice subió en 11,89%. Esto significa que, como el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas tienen un peso de 24,32% dentro de IPC, los precios de este componente están creciendo dos veces más rápido que el resto de los bienes y servicios que componen el índice, los cuales aumentaron 5,63% en el último año.
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Varias son las causas que explican este mayor incremento. Por un lado, a nivel internacional, los precios de los alimentos se han acelerado por fricciones de la oferta causadas por los problemas de suministros y logística en el transporte de mercancías. Por otro lado, el incremento en los precios de los combustibles ha impactado los costos de producción de los alimentos, en especial el transporte y las materias primas como los agroquímicos. Estas tendencias son difíciles que cambien en el corto plazo pues la invasión de Ucrania es probable que presione aun más los precios al alza, por ser uno de los principales países exportadores de granos básicos en el mundo y por las sanciones que restringen la compra de petróleo de Rusia, lo cual disminuye la oferta de este producto.
En el caso costarricense, además de las causas mencionadas, los precios de los alimentos se han impactado por el aumento en la devaluación del colón, pues una alta proporción de los alimentos que se consumen es importada, ya que el sector primario representa menos del 5% de la producción nacional. Solo para ejemplificar la importancia de este efecto sobre los precios, en el último año la devaluación del colón ha sido 10%, por lo que si se compara con la inflación alimentaria (11,89%) sugiere que un peso importante de la carga del incremento en los precios de los alimentos se encuentra en causas de origen local y no internacional.
La devaluación del colón, a su vez, es causada por un empeoramiento en los términos de intercambio, o sea, el precio de las importaciones crece más rápido que el de las exportaciones. Pero, más importante que eso, las presiones sobre el tipo de cambio son consecuencia de una política monetaria dispendiosa que hizo crecer la masa monetaria casi un 30% en los últimos tres años y que mantuvo la tasa de interés muy bajas por lapso muy prolongado, creando un incentivo para ahorrar en dólares. Esta situación está obligando al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a ajustar esta tasa de interés de forma acelerada para regresar a su meta de inflación.
Ante esta perspectiva, podemos mencionar algunas políticas que colaboren con el control de los precios, en especial, el de los alimentos. En primer lugar, en este momento y más que en los últimos años, el BCCR debe reforzar la credibilidad de sus acciones y generar confianza con el fin de construir expectativas que ayuden con la estabilidad del tipo de cambio. Así, poco ayudan las expresiones de que existe un riesgo de que se agoten las reservas de dólares del ente emisor para defender ataques especulativos al tipo de cambio.
En segundo lugar y vinculado al punto anterior, pese a las presiones que pudieran existir en relación con los ajustes monetarios y fiscales, el Banco Central debe mantener la ruta para cumplir con su meta de inflación y mantener sana la economía. Al mismo tiempo, el Gobierno debe mantenerse firme en el proceso de consolidación fiscal, sin sucumbir ante demandas que alteren el equilibrio entre ingresos fiscales y gasto público.
Por último y, sobre todo, el gobierno debe plantear una hoja de ruta con metas medibles y verificables que permitan mejorar los problemas de oferta del sector alimentario, con el fin de eliminar distorsiones que se han acumulado durante décadas y que hacen que los precios de los alimentos sean más altos en nuestro país. Igualmente, el Estado debe mejorar la efectividad de los programas de ayudas alimentarias para que las familias más necesitadas puedan enfrentar los mayores precios de los alimentos, sin necesidad de aumentar el gasto público de estos programas. Hoy, una parte del dinero invertido en esos programas se queda en burocracia o llegan a personas que no necesitan de esa ayuda.