Las finanzas de un estado descansan sobre la disposición a pagar impuestos de sus ciudadanos. Es lo que algunos llaman la moral fiscal. Difícilmente las finanzas públicas de un país pueden estar sanas, si la moral fiscal es pobre o endeble. Por este motivo, en la presente edición, presentamos un reportaje sobre la disposición a pagar impuestos en Costa Rica.
En primera instancia, se puede decir que la disposición de las personas y de las empresas a pagar impuestos dependerá de las sanciones con las cuales se castigue el fraude fiscal y de la probabilidad de descubrimiento del fraude fiscal. Con esta tesis, las autoridades fiscales cuentan con dos elementos para enfrentar la evasión: sanciones fuertes y la acuciosidad para descubrir a los infractores.
Sin embargo, el enfoque anterior, aunque útil, no es suficiente para explicar la conducta de los ciudadanos con respecto a la disposición del pago de los impuestos. Hay otros elementos que deben ser considerados y que vamos a enumerar para explicar la escasa disposición que tienen los costarricenses al pago de impuestos.
El pago de impuestos forma parte de un contrato social, los ciudadanos los pagan y a cambio, a través del gasto público, esperan recibir bienes y servicios que mejoren su bienestar. Este contrato, en el caso de Costa Rica, no está totalmente claro. Hay importantes áreas del gasto público donde los costarricenses tienen fuertes insatisfacciones que no incentivan el cumplimiento de las cargas impositivas. Por lo tanto, no se puede desligar moral tributaria con la efectividad del gasto público.
El Gobierno Central, a partir del 2008, aumentó el gasto público, pero lo hizo principalmente en el rubro de los salarios y esto no ha repercutido en el bienestar del conjunto de la población. ¿Será justo pedirle a los costarricenses que paguen más impuestos para financiar un gasto que no les ha beneficiado directamente?
Dentro del gasto público hay elementos irritantes para los ciudadanos que minan la moral fiscal y ponen cuesta arriba cualquier intento de reforma tributaria. Uno de ellos es el sistema de remuneraciones de los empleados públicos. Estos reciben aumentos automáticos en sus salarios independientemente de la calidad de su desempeño. Lamentablemente, la semana pasada el Poder Ejecutivo y el partido oficial sabotearon un tímido proyecto de ley que pretendía regular esta situación.
Otro elemento irritante dentro del gasto público son las pensiones de “lujo” recibidas por determinados jerarcas del sector público. En esto se avanzó parcialmente con la aprobación de legislación el año pasado. Sin embargo, todavía subsiste el sistema de pensiones del Poder Judicial que ha otorgado pensiones altísimas a magistrados y a otros funcionarios. En este caso el problema no es tanto la magnitud de la pensión, el problema básico es que son pensiones donde los beneficiados no han contribuido lo suficiente para financiarlas.
El pago de impuestos debe facilitarse por medio de un sistema tributario simple. Este no es el caso de Costa Rica, donde existen múltiples tributos y sistemas poco amigables para el contribuyente. El país debería apostar a la existencia de pocos impuestos, simples para el contribuyente y bien administrados.
La existencia de múltiples exoneraciones reduce la capacidad en la recaudación de los impuestos, dificulta la administración de los impuestos y contribuye a la inequidad. Esta situación reduce la moral fiscal de los contribuyentes.
En conclusión, para mejorar las finanzas públicas se debe mejorar la moral tributaria, pero para hacer esto se debe simplificar el sistema tributario y asegurarse de que el gasto público se convierta en bienestar para los ciudadanos y no en fuente de privilegios para unos pocos.