E n la edición de esta semana, presentamos un reportaje que muestra una pincelada de las opciones de crédito personal que existen fuera del sistema financiero regulado. En general, se carece de información precisa de este segmento que incluye diversas modalidades y diferentes grados de formalidad.
En EF consideramos positiva la existencia de un amplio menú de posibilidades para lograr un mayor acceso de las personas a los servicios crediticios. Por ejemplo, las empresas dedicadas al comercio de electrodomésticos desempeñan un papel muy importante en otorgar créditos a hogares que no serían sujetos de crédito en el sistema financiero regulado. En principio, hay que oponerse a cualquier regulación que restrinja el campo de elección de las personas. No obstante, hay varios aspectos en los cuales la política pública debería poner atención para lograr un mejor funcionamiento del mercado crediticio de las personas. El país debería llevar adelante una agenda de inclusión financiera que, entre otras cosas, busque un acceso responsable de las personas al crédito.
Las operaciones crediticias tienen importantes grados de complejidad y requieren de consumidores educados. Desde la escuela y los colegios, debe enseñarse los conceptos y los cálculos relacionados con la tasa de interés y las operaciones financieras. También debe educarse a los niños y a los jóvenes en cómo formular y dar seguimiento a un presupuesto familiar.
Los oferentes de los productos de crédito deberían estar obligados de informar con mucha precisión a sus clientes de las características, costos y riesgos de las operaciones. En particular, se debe informar con trasparencia del nivel efectivo de las tasas de interés.
Las obligaciones de los oferentes de crédito con sus clientes deben ser establecidas con claridad y deben recaer tanto en las entidades financieras reguladas –bancos, mutuales y cooperativas– como en los segmentos del mercado crediticio no regulado. En otras palabras, la protección del consumidor financiero debe realizarse independientemente de la fuente de crédito.
El riesgo del sobreendeudamiento debe merecer atención especial en una agenda de inclusión financiera. Este no es un problema generalizado en Costa Rica, pero se debe prevenir su existencia. Por esta razón, se debe ampliar la cobertura actual de la Central de Información Crediticia de la Sugef a otros entes prestamistas, aunque no sean intermediarios financieros, para que todos los oferentes de crédito suministren información de los créditos otorgados y puedan usarla para prevenir el endeudamiento excesivo.
La medida anterior ayudaría a reducir las tasas de interés a los clientes que usen responsablemente el crédito. Estamos plenamente seguros de que esto reduciría en mayor medida el costo del crédito que las propuestas para poner límites a las tasas de interés, tan frecuentes en los discursos populistas.
En principio, a la política pública no debería interesarle la suerte de un prestamista que realiza su negocio con su propio capital. Pero sí debería poner atención cuando el prestamista se financia en el sistema financiero regulado para transmitir el ahorro del público a sus clientes mediante operaciones crediticias. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una empresa comercial opera como un banco de “segundo piso”. No hay nada anormal o inconveniente en tales operaciones, pero sí debe existir una adecuada administración de su riesgo para resguardar el ahorro del público.
En conclusión, la política pública no debe entorpecer el acceso de las personas a las diferentes fuentes de crédito, pero sí debe buscar una protección inteligente del consumidor financiero para lograr un endeudamiento responsable y sostenible a través del tiempo.