La aprobación del Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y siete proyectos de ley relacionados ha topado con fuertes obstáculos en la Asamblea Legislativa y en el contexto político más amplio.
Tal y como reportamos esta semana, las intenciones de aprobar este paquete de proyectos antes de julio contrasta con la realidad que se respira en Cuesta de Moras; solo el plan Ley Marco de Empleo Público (expediente N° 21.336), se encuentra en el plenario, el resto de propuestas se debate en tres distintas comisiones legislativas.
La agenda con el FMI tropieza con el intrincado camino que señala el reglamento legislativo, pero también con el proceso para la elección del directorio, con la apertura de los fuegos de las elecciones internas de los partidos y con oposición extraparlamentaria.
Adicionalmente, si logra los 38 votos para su aprobación, deberá superar la consulta de constitucionalidad ante la Sala IV y la debilidad política del Poder Ejecutivo que no ha logrado inyectar dinamismo a los seis proyectos que esperan trámite en las comisiones legislativas.
El choque con estas múltiples realidades no debería ser una traba para continuar con un acuerdo con el FMI, necesario para el mantenimiento de la credibilidad del país ante la comunidad financiera internacional. Sin embargo, la acción gubernamental debe orientarse al optimismo de seguir adelante, aunque guardando el realismo de reconocer la objetividad de los inconvenientes en su ruta.
Lo primero es reconocer la complejidad del procedimiento parlamentario y lo difícil que está siendo la gestión del proyecto de empleo público en lo referente a mociones de reiteración y revisión que podrían llevar todavía a dos semanas más para su posible aprobación en primer debate.
La falta de destreza parlamentaria del partido oficialista ha sido señalada por la oposición liberacionista al apuntar que el Gobierno ha descartado el recurso a procedimientos abreviados para agilizar los proyectos restantes que sufrirán el inevitable trámite de audiencias y discusión en las comisiones legislativas.
A la existencia del reglamento legislativo se añadirán, en las semanas siguientes, la dificultad de negociar proyectos, en medio de tratativas importantes para elegir la mesa directiva del parlamento. Es correcto pensar que desacuerdos en este último proceso se puedan trasladar y entrabar las negociaciones sobre la agenda con el FMI. La interacción entre ambos procesos hará más difíciles las cosas.
Esta semana han empezado a surgir, como los abejones de mayo, las precandidaturas en los partidos y las retóricas de los candidatos no han sido precisamente un ejemplo de discursos desapasionados, el aumento de la temperatura de estos afectará también el espíritu de los negociadores legislativos. El proceso parlamentario se inscribirá en cálculo electoral, sobre las consecuencias que el apoyo de las tendencias a proyectos específicos pueda tener sobre las primarias y las elecciones del 2022.
La lucha parlamentaria no ocurre en el vacío sino en contexto, los actores que se oponen a los proyectos, o algunas dimensiones de estos, son diversos y varían con los proyectos específicos. Empresarios, cámaras, sindicatos, Poder Judicial, municipalidades y universidades han expresado sus reservas, moviendo sus hilos en y alrededor de Cuesta de Moras.
El protagonismo y apoyos mediáticos a esta agenda han dejado de ser exclusivos y compiten con la dinámica de las elecciones legislativas y las primarias de los partidos, obtener apoyo político para la agenda gubernamental será más difícil en un contexto con tantos relieves.
Por otra parte, la inestabilidad del gabinete, potenciada por la salida del ahora exministro de enlace con el sector privado, André Garnier, añade factores de debilidad a un gobierno erosionado y en la última etapa de su mandato.
La polarización de la discusión legislativa culminará probablemente en la aprobación de la ley de empleo público, necesaria para solventar inequidades salariales, pero ahí no termina el trayecto. Falta aún la consulta ante la Sala Constitucional, cuyo resultado no se puede predecir y que podría dar al traste con los anhelos gubernamentales de tener listo el proyecto para el mes de junio, obligándolos, en dicho caso ,a pedir prórrogas al FMI.
Es claro que el rechazo del acuerdo con el FMI tendría consecuencias graves para la credibilidad del país frente a la comunidad financiera internacional y necesitamos ese respaldo para afrontar la crisis por la que atravesamos.
Sin embargo, la necesidad de este no pasa porque se aprueben todos los detalles de lo que presenta el gobierno. El FMI ha mostrado sensibilidad al dejar que fuese un gobierno titubeante el que propusiera los mecanismos para obtener el préstamo y se puede suponer que no exigirá la aprobación del mínimo fragmento en cada proyecto para continuar con los desembolsos.
La bola está en el campo gubernamental que debe mostrar apertura y sensibilidad para incorporar sugerencias y retirar algunas propuestas, con miras a lograr fluidez en el proceso parlamentario.
El país ha visto con buenos ojos la presencia de la Ministra de la Presidencia en la Asamblea Legislativa que con talante negociador pareciera asumir una posición centrista entre maximalistas y minimalistas de la reforma. El rechazo total de la agenda gubernamental tendrá graves consecuencias, pero la aprobación total de la misma, sin incorporar propuestas razonables, generará malestar interno y polarización.
Los diputados tienen una gran responsabilidad en aprobar proyectos que contribuyan a la solución de la crisis fiscal y a la reactivación económica, deben navegar aguas turbulentas y caminar una línea estrecha entre la solución de los problemas macroeconómicos y el respeto a los principios constitucionales. Apartarse de esa delgada ruta puede conducir a una crisis económica profunda con consecuencias para el crecimiento, la pobreza y la desigualdad; pero también al rechazo de sus proyectos por la Sala Constitucional y a crisis sociopolítica.
En el 2018, con ocasión de la Reforma Fiscal, se lograron acuerdos legislativos importantes, pero el contexto actual es diferente. En aquel entonces el gobierno contaba con capital político electoral para gastar en esas reformas, hoy es un gobierno inestable, sin reservas de legitimidad para el ejercicio del poder, con una débil y fraccionada minoría parlamentaria.
Por otra parte, la oposición ya no puede colaborar de la misma manera que en el pasado, la cercanía del proceso electoral provoca el temor de acusaciones de colaboracionismo con Zapote, cuando el desempeño del PAC en la presidencia será uno de los temas importantes de campaña. Sin embargo, los diputados deberán poner en primer lugar el interés nacional y dejar de lado el electoralismo, aunque esto sea un ejercicio muy difícil. Los procesos políticos son singulares, las experiencias de pasado no se pueden calcar.